Más claro no puede ser: “Felipe Calderón maniobró para dejar impune el caso de la guardería ABC; hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niños y 104 resultaron lesionados”.

La denuncia, con todas sus letras, la hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien días atrás presentó su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, y en esa ocasión subrayó: “¿dónde estaban los que hoy se las dan de paladines de la justicia y la democracia cuando votábamos estos derechos? ¿De qué lado estaban votando? ¿De qué lado estaban hace 10, nueve, ocho años? ¿Estaban del lado de los derechos o en complacencia con el poder político de entonces?”

La respuesta correcta es esto último, es decir, totalmente del lado de la complacencia con el poder político de entonces, y la denuncia concreta, con nombres y apellidos, es muestra fehaciente de ello, porque casi 13 años atrás Calderón garantizó impunidad absoluta a la parentela de su esposa y a todos los involucrados, del sector público y privado, en el caso de la guardería ABC, y es la fecha en que los responsables no han sido tocados.

Zaldívar detalló una ríspida “visita” a su oficina (previa a la decisión de la SCJN sobre el caso ABC) del entonces secretario de Gobernación, el abogado corporativo de Grupo México Fernando Gómez Mont: “me presionó para que cambiara el proyecto de sentencia, en donde señalo las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala (la dueña de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, es familiar de la hoy diputada panista y fue señalada en la investigación como responsable de incurrir en omisiones que facilitaron la tragedia). El tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me advierte: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Y le contesté: ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’… Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”.

Para Gómez Mont, cínico entre los cínicos, esa “visita” no fue más que “una acción de buena fe, sin vergüenza, y no para litigar en contra de los padres de las víctimas”. En realidad, chantajeó y amenazó a Zaldívar, quien tuvo a cargo el proyecto de dictamen sobre la guardería ABC. Pero el entonces inquilino de Bucareli ya había “visitado” a los demás ministros para hacer lo que no pudo con el actual presidente de la SCJN. La crónica jornalera de entonces narró que “durante los días previos al dictamen, el secretario de Gobernación acudió sistemáticamente a visitar a los ministros, actividad que, según el funcionario, está en el ámbito de sus atribuciones como representante del Ejecutivo federal ante los otros dos poderes de la Unión. En sus constantes visitas a la Corte ‘no fuimos a defender a nadie’”.

Si de cara dura se trata, Felipe Calderón no ha dado la cara, pero rápidamente mandó a su esposa, la hoy diputada panista Margarinflas Zavala. Lágrimas de cocodrilo de por medio, afirmó que Zaldívar “miente; sólo se le ocurrió en ese momento… es un distractor… Ya no tenga ocurrencias… y concéntrese en su trabajo que es la justicia de México”. Como chiste es pésimo, pero como declaración es un desastre, porque el hecho es que su pariente está libre y se mantiene impune. ¿Quién la entrevistó? Lord Montajes, desde luego.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, ese 5 de junio de 2009 la Auditoría Superior de la Federación denunció que “en su primer año de gobierno Felipe Calderón incurrió en un subejercicio por 120 mil millones de pesos (que) se dejaron de invertir, recursos multimillonarios, en los ámbitos de seguridad pública, desarrollo social e infraestructura. El destino de aquel monto se dividió en fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos análogos, dándose por gastado a través de la Tesorería de la Federación. Se incumplió la normatividad en el ejercicio del gasto”. Eso sí, hoy Borolas y su pandilla están muy interesados en el “correcto ejercicio del gasto”.