La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó lo que La Jornada publicó la semana pasada respecto a que funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana –Segalmex-Liconsa– invirtieron en 2019 y 2020 recursos públicos en valores privados, lo que va en contra de la ley.
En la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF encontró que Liconsa colocó 850 millones de pesos correspondientes a recursos públicos en certificados bursátiles fiduciarios privados, y que si bien estas inversiones fueron recuperadas por la empresa estatal, no se ha aclarado el destino de más 10 millones de pesos de rendimientos.
Documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia señalan además que estas anomalías habían sido reportadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en diciembre de 2020 por un despacho de auditoría privado.
De acuerdo con el escrutinio de cumplimiento forense 2020-2-08VST-23-0330-2021, mediante la que la ASF revisó la gestión financiera de Liconsa, 850 millones de pesos del presupuesto del organismo fueron invertidos en contravención a los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales federales, publicados por la Secretaría de Hacienda que regulan las inversiones que pueden hacer las entidades públicas.
Los recursos recuperados fueron depositados en las cuentas bancarias de Liconsa como sigue: 30 millones el 23 de septiembre de 2020, 155 millones 225 mil pesos el 17 de diciembre de 2021, 250 millones el 12 de enero de 2022 y 420 millones el 13 de ese mismo mes.
La ASF solicitó a Liconsa que “aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 10 millones 633 mil 300 pesos por concepto de rendimientos generados al cierre de la inversión del certificado bursátil fiduciario privado con clave de emisión CI350CB serie 19-6, cuya fecha de vencimiento fue el 10 de diciembre de 2020”.
En tanto, de acuerdo con una revisión a los estados financieros de Liconsa hecha por la firma privada Salles Sainz Grant Thornton en diciembre de 2020, las inversiones hechas en valores privados por funcionarios de Liconsa ascendieron a 875 millones 744 mil 602 pesos, y el organismo no tenía control directo sobre las mismas, lo que violaba los lineamientos de Hacienda.
En el informe se señala que al menos una de las inversiones por 200 millones no había sido recuperada por Liconsa en la fecha de su vencimiento.
