La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa que había aprobado en su momento la Sala Especializada de esa instancia a la organización Que Siga la Democracia por una indebida promoción del proceso de revocación de mandato.

En sus acciones, difundía el proceso como una jornada para la ratificación del cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en una sentencia previa se le ordenó eliminar de su difusión, el término ratificación, se mantuvieron en 28 módulos ese término.

Los magistrados aprobaron ratificar la multa en razón de que, en una sentencia previa (al resolver sendos recursos del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano), el TEPJF había ordenado a la mencionada organización a modificar la difusión relacionada con este proceso dado que había una alteración en lo que sería el ejercicio al modificar revocación por ratificación de mandato.

En esa resolución se ordenó a Que Siga la Democracia eliminar de toda forma de promoción el término ratificación de mandato (como en su momento ordenó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral), lo cual fue incumplido por la misma.

En el proyecto que discutió y aprobó el TEPJF se establece que dicha organización “no realizó los actos necesarios para cumplir lo mandatado por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la medida cautelar.

La sentencia del TEPJF concluyó que no era suficiente que “la organización negara haber instalado los modulos en los que se siguió utilizando la propaganda sancionada, “porque se usó su denominación, por lo que tenía el deber de acreditar que no tenía relación con las personas que los instalaron para que pudiera ser eximida de las responsabilidad en la violación.

Por otro, los magistrados, al resolver un recurso del PRD en contra del alcalde y funcionarios del municipio de Ecatepec, el TEPJF consideró que incurrieron en responsabilidad al participar indebidamente en una asamblea para la promoción de la revocación de mandato, toda vez que ningún servidor público pueda participar en estas actividades.

Los magistrados fueron más allá y ordenaron a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE investigar el origen de los recursos con que se financió ese evento.