Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), precisó ayer el auténtico móvil de la difusión audiovisual del caso ahora conocido como la casa de Houston: “¿Qué nos interesaba presentar en ese momento? Pues las contradicciones entre el decir y el hacer del Presidente (López Obrador)” (https://bit.ly/36yJp2m).

El máximo responsable de la producción informativa de la empresa antes dirigida por Claudio X. González y ahora por María Amparo Casar evidenció en un video de MCCI que la intención del material audiovisual antes mencionado no fue periodística, sino política: confrontar discurso y hechos del Presidente de la República con el estilo de vida de uno de sus hijos, mayor de edad.

No había ningún asidero ni intención periodística, sino propagandística: “demostrar” con discurso político (disfrazado de reportaje) la presunta falsedad de otro discurso político (el presidencial), utilizando sin pruebas (entonces, como sucede al menos hasta ahora) la insinuación magnificada de un conflicto de intereses con cargo a Baker Hughes, el ex directivo Keith Schiling y el matrimonio de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams.

Tan no había sustancia periodística que Olmos fue reconociendo que originalmente tuvieron “una pista” proveniente “de una fuente de dentro de Presidencia”, a la cual le dieron seguimiento pero, en primera instancia, tuvieron como “elementos potentes de esta investigación” sólo el presunto choque del estilo de vida de López Beltrán con el de austeridad proclamado por su padre.

Agregó Olmos: “y luego surgieron otros elementos periodísticos, como el posible conflicto de intereses, y de ahí se han derivado otros, como la confesión que dio Ramón acerca de que hay un vínculo entre él, como empleado de los hijos de un contratista o empresario cercano al gobierno. Es decir, esa cola de la rata que jalamos, pues nos está dando muchísima materia”.

A casi un mes de publicado el material de MCCI en su propia página y en Latinus (27 de enero del año en curso), el principal responsable sigue dándole a ese trabajo una condición hipotética: “el posible conflicto de intereses”, y considera como logro apuntalador la “confesión” laboral de López Beltrán.

En el video en mención, que a la hora de redactar esta columna llevaba mil 686 vistas, participaron, además de Olmos, la directora formal, Casar; el también directivo Darío Ramírez y María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común. En tal video se insistió en la vuelta de MCCI al periodismo “de calle”, al “cara a cara”, de tal manera que el “fruto” a presumir fue atribuido a una filtración desde Palacio Nacional, de “dentro” del gobierno federal, en una extraña predisposición a “revelar” datos periodísticos normalmente mantenidos en privado, cual si se tratara más bien de una táctica insidiosa.

Casar, quien fue coordinadora de asesores del secretario de Gobernación durante el foxismo, Santiago Creel Miranda, dejó testimonio de una especie de nostalgia por los tiempos en que ella y sus congéneres recibían atención personalizada de los personajes del poder en turno.

“Quería enfatizar (...) que antes era mucho más fácil; en los dos años que trabajamos todavía en el sexenio de Peña Nieto (...) teníamos interlocución con los integrantes del gobierno, a todos los niveles. Yo te diría, desde el presidente hasta directores generales; esa puerta ya está prácticamente cerrada para los periodistas, pero también para los investigadores que hacemos investigación aplicada”, dijo Casar.

Y añadió: “esto es muy grave, porque ni siquiera podemos confrontar nuestros hallazgos con estas personas para que se defiendan, para que lo nieguen, para que nos digan ‘oigan sí, pero se tenía qué hacer de esta manera, por tal y tal’. Esa puerta está cerrada y es muy grave en la democracia”.

“Reportajes” de inferencia (incluso Morera habló de las carencias informativas) y añoranza del picaporte: a confesión de parte X., relevo de prueba. ¡Hasta mañana!

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