El lunes pasado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto por el que reconoce la independencia de las repúblicas populares de Donietsk y de Lugansk, además de ordenar el ingreso de tropas rusas a esos territorios en “misión de mantenimiento de la paz”. En el transcurso de ayer, funcionarios rusos aclararon que el reconocimiento abarca la totalidad de las regiones homónimas ucranias, aunque los grupos separatistas prorrusos únicamente controlan la tercera parte de las zonas, cuya soberanía se adjudican. Adicionalmente, Putin solicitó y obtuvo del Parlamento autorización para utilizar la fuerza militar fuera del país.
En respuesta a estos movimientos, Wa-shington, la Unión Europea y Londres reaccionaron con la imposición de una serie de sanciones contra empresas y ciudadanos rusos. El bloque europeo decidió congelar los activos y prohibir la entrada al espacio comunitario a todos los miembros del Parlamento ruso que hayan votado a favor del reconocimiento de las regiones escindidas y anunció que apuntarán “a 27 individuos y entida-des que están desempeñando un papel en socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”, con el propósito de minar “la capacidad del Estado y el gobierno rusos para acceder a nuestros mercados y servicios financieros y de capitales”.
Alemania detuvo el proceso de certificación del oleoducto Nord Stream 2, el cual llevaría el gas ruso a Europa a través del Báltico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer una “primera tanda” de sanciones contra las élites y las instituciones financieras rusas, entre las cuales se incluye cortar al gobierno ruso el acceso al sistema financiero internacional. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció sanciones contra cinco bancos y tres empresarios, cuyos activos en Reino Unido se congelarán y se les prohibirá la entrada a ese país.
El escenario se presenta como un choque de visiones en el que Washington y sus aliados hablan del primer paso de una invasión rusa contra su vecino –algo que, en rigor, no ha ocurrido hasta ahora– , mientras Moscú presenta sus actos como apoyo a dos naciones de mayoría étnica rusa que sufren el asedio de las tropas de Kiev.
En los hechos, buena parte de las regiones de Donietsk y Lugansk se encuentran fuera del control ucranio desde 2014, cuando se proclamaron independientes en el contexto del golpe de Estado pro occidental que llevó al poder a sectores ultranacionalistas y rusófobos. En este tiempo, se han mantenido en pie con asistencia del Kremlin y, según Kiev, con apoyo de tropas rusas, en un conflicto que ya se ha cobrado alrededor de 14 mil vidas.
Sin importar cuál de estas perspectivas se adopte para enfocar los acontecimientos en esa nación del este europeo, está claro que la tarea de México es, además de proteger a los dos centenares de ciudadanos mexicanos en territorio ucranio, redoblar esfuerzos para dar con una solución negociada y pacífica en el marco de las instancias multilaterales pertinentes y de la tradición diplomática de nuestro país.
Al respecto se expresó ayer la cancillería, al pedir que se apueste por la diplomacia para dar una salida a las tensiones geopolíticas en la región y respaldar el exhorto del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en favor de un proceso pacífico para resolver el conflicto y evitar una escalada.
