El gobierno capitalino impulsará reformas al Código Penal para sancionar con cinco a 10 años de cárcel a quienes de manera ilegal distribuyan, comercialicen o transporten personas fallecidas, parte o restos humanos, e instalará cámaras de videovigilancia conectadas al C5 en los cementerios y crematorios de la Ciudad de México con el propósito de evitar ilícitos.

A casi un mes de la sustracción ilegal del cuerpo de un bebé en un panteón de Iztapalapa, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Néstor Vargas, explicó que se enviará una iniciativa al Congreso para adicionar este tipo penal e incrementar las sanciones con tres y ocho años de prisión a quienes violenten los sepulcros. La pena actual es de tres meses a dos años.

Las penas, abundó, se incrementarán en caso de que el ilícito sea cometido por servidores públicos o empleados de cementerios, crematorios o de agencias funerarias.

El servidor público detalló que además de la colocación de cámaras de videovigilancia, se establecerá un control en los accesos de los panteones con el registro de visitantes, trabajadores y prestadores de servicios externos, y se contará con una plataforma digital con el número de inhumaciones, cremaciones y exhumaciones, entre otros procesos que serán administrados por la Consejería.

Comentó que las alcaldías serán las responsables de la vigilancia perimetral de los cementerios y de que quienes ingresen no incurran en conductas delictivas o infracciones administrativas.

El consejero jurídico señaló que estos lineamientos forman parte de la actualización del Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios que está en proceso de consulta con dependencias, organizaciones civiles y religiosas, así como de las alcaldías.

Alcaldías seguirán a cargo

Las demarcaciones continuarán siendo responsables de la operación y funcionamiento de cementerios y crematorios a su cargo, y cuando tengan conocimiento de hechos que constituyan la alteración y exhumación de cadáveres o restos humanos, deberán presentar de manera inmediata la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la ciudad.