El Congreso capitalino estableció la obligación de las autoridades de adoptar medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar los castigos corporales y humillante en contra de menores y adolescentes, y confirió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la responsabilidad de promover y difundir medidas disciplinarias adecuadas, que deberán ser elaboradas con la participación de dicho grupo de población.
Por unanimidad de los 43 legisladores presentes en el pleno se aprobó el dictamen sobre la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promovida por la diputada de Morena Guadalupe Morales.
La presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Polimnia Sierra, refirió que la organización Save the Children México reportó que seis de cada 10 menores en el país viven castigos físicos y humillantes en sus hogares, y en 2020 más de 11 mil ingresaron a hospitales por lesiones ocasionadas por ese tipo de conductas.
Se incorpora a la ley el concepto de castigo corporal o físico como el acto “en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro” que cause dolor aunque sea leve.
Define castigo humillante como “cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación”.
