El quinto tribunal colegiado en materia penal negó el amparo al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury en contra de la prisión preventiva dictada el 9 de abril de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, ya que se le relaciona con actos de corrupción por aprobar las reformas estructurales en el sexenio anterior, al recibir supuestamente sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos y de la constructora brasileña Odebrecht.
Según el expediente, Lavalle Maury recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos, por lo que podría alcanzar una pena mínima de 12 años de prisión y una máxima de 39, así como cubrir la reparación del daño.
Durante la comparecencia del panista el año pasado, los fiscales indicaron al juez de control del Reclusorio Norte que si le cambiaban la medida cautelar existiría un alto riesgo de fuga, ya que no existe la certeza sobre el lugar de su residencia.
“Estas elevadísimas cantidades de dinero son, sin duda alguna, un medio muy eficaz para abandonar no tan sólo la Ciudad de México, sino que le permitirían al imputado huir del país e incluso le alcanzarían para abandonar al continente americano, que por tratarse de cantidades en efectivo sería casi imposible dar seguimiento a sus gastos, ya que no habría forma de que las erogaciones dejaran un registro por la falta del uso del sistema financiero y, por si no fueran suficientes 97 millones 190 mil pesos para huir y permanecer oculto, también podría tener acceso a una buena parte de los 14 millones 496 mil pesos que manifestó en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante el Senado de la República”.
Los fiscales recordaron que cuando Lavalle fue senador desde 2012, pertenecer a este reducido y selecto grupo de legisladores le permitió crear una grande y sólida red de contactos en los tres niveles de gobierno. “No perdamos de vista que en la argumentación que hizo mi homólogo se hizo referencia a que algunas de las personas que han sido señaladas como miembros de la asociación delictuosa, a la cual pertenece el hoy justiciable, uno de ellos es gobernador actual de un estado, otros fueron candidatos a la Presidencia y muchos de ellos también fueron secretarios de Estado”.
Al respecto, el colegiado consideró que la resolución del juez de control se dictó con base en los datos de prueba y diversos factores expuestos, no sólo lo referente al domicilio, argumentos que se encuentran “acordes con la legalidad, porque se actualiza el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, pues con los recursos que se dice tiene a su alcance, las facilidades para el contacto con los testigos y que pueda haber una red de ayuda, podría posibilitarse que destruya, modifique, oculte o falsifique elementos de prueba”.
