La Secretaría de Gobernación (SG) contrató y pagó 225 millones de pesos a una empresa dedicada a la venta de computadoras, comercio de calzado, agujetas, uniformes y accesorios de pesca, excursionismo y caza deportiva, para otorgar el servicio de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
En su informe de la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que Gobernación otorgó el contrato por asignación directa a RCU Sistemas, incluso cuando en una visita los auditores corroboraron que no tiene personal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que para el servicio de escoltas subcontrató a la compañía Elahap.
No obstante, cuando la Auditoría realizó también una visita a las oficinas de dicha empresa, el representante legal admitió que no tenía a su cargo el servicio de escoltas para periodistas y defensores de derechos humanos, sino que estaba a cargo de una tercera firma.
Hasta noviembre de 2020, la propia dependencia había documentado 19 periodistas asesinados en México, y en su informe la ASF reportó a la Cámara de Diputados que encontró deficiencias en la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La SG “no vigiló que la empresa RCU Sistemas, SA de CV, contratada para prestar los servicios requeridos para el Mecanismo de Protección, contara con los recursos humanos, técnicos y demás necesarios para prestar el servicio, ya que en el contrato formalizado manifestó tener personal subcontratado con una empresa, cuando, como resultado de la visita domiciliaria practicada a la compañía subcontratada, se comprobó que el personal que otorgó los servicios de escoltas se subcontrató con otra firma adicional”.
Además, la ASF encontró diversas inconsistencias en el seguimiento de los servicios contratados con RCU Sistemas; por ejemplo, no se acreditó la elaboración del cuestionario formalizado por cada beneficiario al recibir el manual con las medidas implementadas; tampoco se elaboró el protocolo para la operación de la central y atención de emergencias de la central de monitoreo para la atención de alertas.
Se encontró que en 136 casos, el reporte de activación de alarmas de enero a diciembre de 2020 no presentó evidencia de su funcionamiento ni de su uso por parte de periodistas y defensores de derechos humanos; tampoco se acreditó que se elaboraran las bitácoras de las llamadas telefónicas realizadas a los beneficiarios por el personal encargado de hacer el seguimiento, ni que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos contara con los reportes de servicios quincenales emitidos por el prestador de servicios, ni con la memoria fotográfica de los botones de asistencia, así como con las órdenes y reportes de servicio emitidas.
