Ciudad de México. Tras los hechos de violencia ocurridos ayer en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal a que toda medida relacionada con los traslados de personas privadas de la libertad, “se realice en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos”.

En un pronunciamiento, subrayó que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente las alejan de sus lugares de origen, “situación que sólo es dable bajo las excepciones que la propia Constitución señala”.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que en la madrugada, al iniciar el proceso de traslado de 25 mujeres y 36 hombres internos del Cereso de Acapulco, para ser enviados a penales federales, unos 50 reos de otros dormitorios alteraron el orden y se organizaron para intentar evitar el plan. En tanto que familiares de los presos denunciaron que estos fueron sacados con lujo de violencia de las celdas por policías estatales, y algunas de ellas fueron golpeadas durante el operativo.

Los traslados de personas privadas de la libertad a otros penales “tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal ─tanto física como mental─, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior”, afirmó la CNDH.

Refirió que el Estado tiene el deber de garantizar que la persona sujeta a prisión tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, sobre todo si se toma en cuenta que el derecho penal parte del principio de presunción de inocencia. Por otra parte, tratándose de las personas sentenciadas, expuso que el contacto con su familia y con su núcleo social es fundamental para alcanzar el fin de la pena, que es la reinserción social.

De igual forma, la Comisión Nacional hizo un “urgente” llamado para que, ante la programación de acciones de traslado penitenciario en el Cereso de Acapulco, se respete el principio de legalidad, respecto a que estos deben ser “autorizados y supervisados por autoridades competentes”.

También pidió que se observe lo ya expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha expresado que, “independientemente de quién sea la autoridad encargada de ello, es obligación del Estado informar a la o el juez o tribunal a cuyo cargo se encuentra la persona privada de la libertad acerca del traslado”; así como, su obligación de hacer saber inmediatamente sobre su movimiento a su familia y permitir a la persona trasladada por cualquier medio informar sobre este y, generar registros serios, transparentes y oficiales sobre todos aquellos datos identificables respecto del lugar o lugares de destino e identidad de las autoridades ordenantes, ejecutoras y receptoras.

Asimismo, exhortó a que, en la ejecución de dichos traslados, “por ningún motivo debe colocarse o generarse ningún contexto que, por conductas directas, indirectas, omisas o permisibles, se ponga en riesgo o peligro la integridad personal y/o la vida de las personas internas, ya que se ha documentado que, ciertas conductas violatorias a sus derechos humanos se dan conforme a la justificación de mantener la seguridad de la movilización y evitar la evasión de las personas. Sin embargo, en muchos de éstos, se han advertido posibles conductas traducidas en incomunicación excesiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes antes, durante y posterior a dichos traslados”.