El presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Antonio García, reiteró su oposición al fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual obliga a los concesionarios de estos medios a separar claramente sus mensajes de opinión de los informativos: “Cualquier tipo de regulación a los medios de comunicación es censura”, afirmó el empresario.
Por su parte, el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos, que interpuso el amparo que originó el fallo de la Corte, afirmó que “se ha tergiversado el contenido de esta sentencia”.
En conferencia de prensa, García pidió al máximo tribunal –que revisará este asunto– que revierta la decisión de la primera sala: “Hacemos un llamado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que en este tema se está diciendo, por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos”.
Anunció que buscará reunirse con los ministros para exponer sus razones contra la regulación de sus contenidos, que afirmó los quieren “regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, en donde desde la Presidencia manejaban toda la radio y la televisión”.
El líder de la CIRT hizo también llamados al Poder Ejecutivo para que defienda la libertad de expresión y la democracia, así como al Congreso de la Unión “para que no dejen que invadan sus facultades legislativas”.
Explicó que, además de la obligación de diferenciar información de opinión, se oponen a la decisión de la primera sala porque las regulaciones que avaló su fallo incluye que los códigos de ética de cada estación tengan que ser aprobados por el Estado y que se les impongan defensores de las audiencias nombrados por el gobierno como “censores oficiales”.
Sostuvo que se trata “de un marco censor” que se impone sobre la radio y la televisión”, y advirtió que de prosperar esta idea acudirán a cortes internacionales.
Sobre el tema, el CLEDH recordó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue modificada en 2017 “tras la presión de los radiodifusores”, y lo que hizo la SCJN fue sólo confirmar que dicha reforma fue regresiva y por ello inconstitucional.
