Uno de los nombramientos más sorpresivos de Andrés Manuel López Obrador, anunciado tres meses y medio antes de asumir la Presidencia de la República, fue el de Ignacio Ovalle Fernández como director de una nueva empresa estatal, llamada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fusionaría Liconsa y Diconsa, que a su vez habían absorbido funciones de la famosa Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), convertida en cueva de corrupción a lo largo de años en los que se incluía el paso de Ovalle como director general y Raúl Salinas de Gortari como mando real para compras y contratos.

Ovalle Fernández fue una creación política de Luis Echeverría Álvarez, de quien fue secretario particular y luego secretario de la Presidencia de la República. Con José López Portillo fue director general del Instituto Nacional Indigenista y coordinador del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), etapa en la que Andrés Manuel López Obrador ocupó la representación de esos programas en Tabasco.

Miguel de la Madrid lo mantuvo fuera del país, como embajador en Argentina y en Cuba, y fue con Carlos Salinas de Gortari cuando regresó como director de Conasupo, que estaba en la mira de las privatizaciones (un remate de la riqueza nacional para favorecer a grupos empresariales y a servidores públicos corruptos).

Como segundo de a bordo fue nombrado ni más ni menos que Raúl Salinas de Gortari, quien había sido gerente general de Sistema de Distribuidoras Conasupo (Diconsa), director general de Imconsa y, con Ovalle, director de Planeación y Programación Presupuestal en Conasupo.

Los escándalos de corrupción y de atentados a la salud pública mediante compras de productos alimenticios contaminados o deteriorados lo hicieron renunciar al cargo. Luego fue diputado federal plurinominal (1994 a 1997). Pero tardó 28 años, del 16 de noviembre de 1990, cuando fue retirado de Conasupo, al 1º de diciembre de 2018, en regresar a un cargo federal.

Ahora, Ovalle Fernández vuelve a estar en la marquesina de las irregularidades, pues las detectadas en Segalmex son las más abundantes de los pliegos elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Meritorio el logro si se considera que esa oficina, Segalmex, es de talla política y administrativa menor que las secretarías de Estado y las grandes empresas estatales. Meritorio también el reproducir en la llamada 4T prácticas irregulares que se suponían superadas y propias de administraciones del “antiguo régimen”.

En 2020, según la auditoría federal, hubo irregularidades por 5 mil 640 millones de pesos. El Presidente de la República afirmó ayer que no habrá protección a los corruptos y señaló que los mecanismos de auditorías y otro tipo de controles fueron usados en gobiernos pasados para hacer como que vigilaban y castigaban, sin ser cierto. Por lo pronto, dijo que respecto a Segalmex “ya lleva más de seis meses que se presentaron denuncias, incluso penales, creo que como un año”.

Uno de los nombres que más se menciona como presunto responsable de descarados actos de corrupción es el de René Gavira Segreste, quien fue director de Administración y Finanzas en Segalmex durante 2019 y 2020. Él, como el propio Ovalle, participaron políticamente en Movimiento Ciudadano, siglas éstas extendidas en otros personajes tanto en la plantilla administrativa como en el padrón de contratistas. Con Raúl Salinas, recuérdese, la plantilla directiva de Conasupo estaba entregada de manera mafiosa a sus allegados, quienes hacían los “negocios”.

Y, mientras Baker Hughes ha dado a conocer el resultado de una auditoría externa, a cargo del Grupo R. McConnell, “que concluye que la transacción de arrendamiento entre Keith Schilling y un tercero se considera una transacción de curso ordinario en condiciones de igualdad entre esas partes. No tiene ninguna relación con ningún negocio de Baker Hughes en México o de otro tipo. Baker Hughes no tenía conocimiento del acuerdo de alquiler ni recibió ningún beneficio de él”, ¡hasta mañana!

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