El tráfico ilegal de armas a México desde Estados Unidos, de las que casi la totalidad están en poder del crimen organizado, “ha cobrado un precio asombroso sobre la vida, la propiedad y el tejido social de los mexicanos”.
Ése es el argumento expuesto por víctimas que han perdido a sus familiares debido a la violencia armada, activistas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y académicos que estudian los perjudiciales efectos del tráfico de armas para el país en un amicus curiae (amigo de la corte) con el que acompañan la demanda del gobierno mexicano contra armeros estadundienses.
Entre los firmantes están María Herrera y María Isabel Cruz, madres de desaparecidos y hoy activistas de colectivos de búsqueda; Adrián LeBarón, cuyos familiares –incluidos niños pequeños– fueron acribillados e incinerados en Sonora, y Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En el documento, entregado en días pasados ante la Corte Federal de Massachusetts, los firmantes enfatizan que “las armas de fuego provenientes de Estados Unidos han cobrado un enorme número de vidas humanas y han tenido un efecto devastador y desestabilizador en la sociedad mexicana”.
Ese arsenal termina en manos de los cárteles de la droga, lo que “ha impulsado un aumento de la violencia y los homicidios en México, ha cobrado cientos de miles de vidas y desplazado a decenas de miles de residentes”.
Advierten que en 2020 la inseguridad y la violencia armada costó a México, de acuerdo con información del Centro Nacional de Información, 277 mil 600 millones de pesos, equivalente a 1.85 por ciento del producto interno bruto.
Además, de 2000 a la fecha los homicidios con arma de fuego en el país crecieron 570 por ciento y 72 por ciento de los 17 mil asesinatos registrados en 2020 se cometieron con un arma de este tipo.
En agosto del año pasado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demandó a varias empresas estadunidenses fabricantes y distribuidoras de armas por “negligencia” en sus estrategias de comercialización y publicidad que facilitan que las organizaciones criminales las adquieran.
En noviembre, las compañías pidieron al juez desechar el caso y en enero de este año México presentó su contrarréplica. A los argumentos de la administración mexicana se sumaron varios amucus curiae, uno está firmado por las víctimas de la delincuencia en nuestro país.
Señalan que el tipo de armas producidas por las empresas estadunidenses son altamente demandadas por los criminales.
“Los rifles de asalto son los preferidos de las organizaciones narcotraficantes mexicanas porque pueden fácilmente modificarse para funcionar como rifles totalmente automáticos y, a diferencia de las pistolas, permiten disparar con mayor precisión a distancias más largas. Además pueden equiparse más fácilmente con cargadores de alta capacidad y como semiautomáticos facilitan disparos rápidos.”
Subrayan que sin el tráfico ilegal proveniente de Estados Unidos, el problema de la criminalidad en México “no tendría la actual escala masiva”, pues nuestro país tiene una de las leyes de armas más restrictivas del mundo y muy pocas personas pueden adquirirlas legalmente.
