El episodio y sus consecuencias inmediatas se divulgaron ampliamente.
El 15 de febrero fuerzas públicas federales y estatales desalojaron a quienes guardaban la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, instalada por comunidades nahuas de la región cholulteca en la planta embotelladora de la empresa Bonafont en Puebla, que ocuparon el 22 de marzo de 2021. Según el gobernador, acataban una orden del Poder Judicial de la Federación. El mismo día las 20 comunidades nahuas involucradas denunciaron que los uniformados entraron por la fuerza a las instalaciones, desmontaron el cantón y hasta borraron los murales que artistas pintaron para apoyar a la Casa de los Pueblos.
Los hechos provocaron reacciones y movilizaciones en buena parte del país. El 16 de febrero circuló un comunicado del Congreso Nacional Indígena y el EZLN para denunciar “la ofensiva represiva del mal gobierno neoliberal mexicano contra nuestras compañeras y compañeros que, desde sus geografías, levantan la bandera de la organización de abajo para convocarnos a luchar por la vida”. Advirtieron que la ofensiva correspondía a la decisión del gobierno de usar “sus fuerzas armadas contra aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano”. El 17 de febrero el Congreso Nacional Indígena y muchas organizaciones convocaron a una acción dislocada en solidaridad con la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, que tuvo lugar ayer.
No es un incidente más en la larga serie de agresiones contra pueblos originarios que se ha estado intensificando. Tampoco es accidente que haya ocurrido en la semana en que se conmemora la firma de los acuerdos de San Andrés, hace 25 años, cuando la insurrección zapatista e inmensa presión pública nacional e internacional obligaron al gobierno mexicano a reconocer la existencia y autodeterminación de los pueblos originarios. Parecía romperse así una tradición que nació con el Estado mexicano, que lo afilió a los modos que llegaban del norte y buscaban la extinción de esos pueblos. Ha sido así por 200 años. Además de traicionar los acuerdos, los gobiernos recientes tratan de llevar cada día más lejos la intención de desindianizar el país. El director del Plan Maya lo dijo con un uso equívoco de la palabra genocidio, al señalar que eso se buscaba. No buscan matarlos físicamente, aunque eso también se ha estado haciendo, sino de quitarles a los “indios” lo “indio”, en nombre del progreso y la modernización concebidos a imagen y semejanza de los modelos del norte.
El conflicto con Bonafont/Danone ilustra bien el sentido de la lucha actual. El control del agua define una confrontación mundial cada vez más intensa. Se desatan cotidianamente batallas por ella en todas partes del mundo. En México, un pequeño grupo de empresas, en su mayoría trasnacionales, controla una proporción creciente de las fuentes de agua, mientras la mitad de la gente no puede contar con abastecimiento seguro de agua potable y padece su creciente escasez. Esas compañías forman parte de la mafia criminal que enferma y mata a millones de personas mediante productos tóxicos que venden como “alimentos” y carecen por lo general de valor nutritivo, aunque la propaganda ha hecho caer a muchas personas en su consumo cotidiano.
Bonafont, de la empresa francesa Danone, ilustra bien la cuestión. La planta ocupada por las comunidades nahuas extrajo ilegalmente por décadas el agua que les pertenece. Agotadas todas las instancias de gestión y ante la pasividad del gobierno, decidieron poner un alto al despojo mediante la ocupación física de la planta. Por su parte, Danone ilustra bien la acción de la mafia alimentaria. Se enorgullece de haber incrementado sustancialmente el consumo de yogurt en México. Cada vez que alguien consume uno de Danone ingiere casi toda el azúcar que es el máximo diario recomendable. La empresa contribuye así, vigorosamente, al abuso en el consumo de azúcar que hace tiempo es pandemia en el país y causa todo género de males, como el de la diabetes, que en México constituye un grave problema de salud pública.
Una de las armas de lucha que empiezan a desplegarse es la del boicot, que seguramente se hará sentir en México y en los países europeos que visitaron los zapatistas y están ofreciendo solidaridad. Más allá de su impacto inmediato en las ventas de Danone, ilustra bien la fuerza que los pueblos poseen. Pueden controlar la operación de esas grandes fuerzas trasnacionales si en vez de ponerse en sus manos dependen de sí mismos para beber y para comer.
Eso es, por cierto, lo que buscan los pueblos nahuas que fundaron la Casa de los Pueblos Altepelmecalli. Nada podrá detenerlos en ese camino.
La sociedad capitalista está fincada en la protección de la propiedad privada, pero no se protege en ella lo que tiene la gente –como el agua de los pueblos–, sino lo que es de los dueños de los medios de producción. La propiedad privada de la planta nunca dio a Bonafont derechos sobre el agua de los pueblos. En vez de proteger a éstos, como es su obligación, el actual gobierno, que se declara continuamente del lado de los pobres, tomó sin vacilar el lado del capital cuando los pueblos decidieron defender lo que les pertenece. El episodio contribuye a disolver la ilusión de quienes pensaban que este gobierno estaba de su lado, que hacía justicia a los pobres.
