Aun sin resolver el financiamiento para los trabajos que realizarán –pues continúan las gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– por violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia avanza en la “construcción del andamiaje” para entrar de fondo a la investigación de los hechos, sostuvo David Fernández uno de los integrantes.

Aparte de la circunstancia económica, se ha definido una estrategia inicial para avanzar en el esclarecimiento. Se han dado acercamientos informales con la Secretaría de la Defensa Nacional –con el fin de posteriormente buscar que se formalicen– que permita a la comisión visitar instalaciones militares y acceso a sus archivos. Han comenzado reuniones con cerca de 40 colectivos en algunas entidades del país para escuchar testimonios y recibir documentación que pueda ser útil.

Con un horizonte de actuación que concluirá al término del actual sexenio, Fernández señaló que los trabajos continúan, pues la Secretaría de Gobernación ha aportado los recursos a la espera de una definición puntual de Hacienda, la cual, precisó, forma parte de esa instancia. Confió en que próximamente ésta ofrezca claridad sobre el presupuesto.

Explicó la división inicial de las tareas de los comisionados (cada uno continuará con el auxilio inicial de cinco investigadores que se incrementarán posteriormente) destacando varios ejes.

En el primero, precisó, “vamos a analizar la violencia del Estado frente a miembros de grupos insurgentes o de movimientos armados de 1965 a 1978, etapa de auge de los movimientos armados en México”.

Un segundo ámbito de investigación será las violencias del Estado o violaciones de derechos humanos dirigidos contra movimientos sociales, populares o comunidades, pues hubo agresiones de carácter masivo de 1965 a 1978. Esto incluye violaciones a garantías d≠e movimientos de trabajadores y campesinos; por ejemplo, se encuentran los sucesos registrados en el poblado de El Quemado, Guerrero.

Precisó que anteriormente se hacía una distinción al investigar entre las acciones insurgentes en el ámbito urbano y en el rural, “pero nos parece que esto no describe con precisión lo que realmente sucedió en ese periodo”.

Un tercer contexto de investigación serán las violaciones a los derechos humanos –en el que se incluyen muy graves– durante la lucha contra el narcotráfico o la delincuencia.

Otro rubro será indagar sobre las estrategias de “disciplinamientos sociales en las ciudades, eliminación de personas de la diversidad sexual”.