Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que integra la cadena de tiendas de Diconsa y Liconsa y opera el programa de precios de garantía, tiene irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos, ya que no ha aclarado el destino de esos recursos.

De esa cantidad, Segalmex –creada al comenzar el sexenio– tiene pendiente de justificar el gasto de 5 mil 640 millones de pesos, mientras Diconsa no ha informado sobre mil 413 millones y Liconsa de mil 583 millones. Entre las inconsistencias observadas por la ASF en el manejo de los recursos de esos organismos está la prestación de diversos servicios que no se comprobaron, se reportaron productos de los que se carece el registro de entrada a las tiendas y el pago a agricultores sin la existencia de facturas.

Tan sólo los gastos de operación, entre 2019 y 2020, crecieron 186.4 por ciento con un total de 3 mil 289 millones de pesos, “esto equivale a una tercera parte de los subsidios entregados e impactaría en el cumplimiento del objetivo del programa de precios de garantía”, indica el informe general de Fiscalización Superior de la cuenta pública de 2020.

De las cinco auditorías de cumplimiento, desempeño y una de ellas forense realizadas a Segalmex, Diconsa y Liconsa, se desprende que hubo un pago por mil 352 millones de pesos por maíz, arroz y trigo a medianos productores sin las facturas correspondientes.

Los documentos muestran que en los inventarios de maíz hubo una diferencia por 185 millones de pesos en los pagos y en tres contratos por 909 millones de pesos no se comprobó la prestación del servicio. No se acreditó la recepción de pesticidas por 49 millones de pesos; se hicieron pagos por 9 millones a contratos fuera de vigencia; no se registró la entrada a almacenes de productos de la canasta básica por un monto de 4 millones de pesos; “no hubo boletas de recepción y liquidación” de productores de maíz por un monto de 531 millones de pesos, y 190 millones de productores de frijol.

La ASF refirió que Segalmex no acreditó con documentación que los recursos transferidos a Liconsa por mil 445 millones de pesos correspondieron a 520 millones de litros de pequeños y medianos ganaderos y no se pudo identificar a los beneficiarios. Pagó alrededor de 2 mil 650 millones a medianos productores de maíz, arroz y trigo sin que precisara cuál fue la normativa para otorgar el subsidio.

La ASF reportó que en Diconsa se encontró que en cinco almacenes hubo productos cárnicos caducos o en mal estado por un valor de 4 millones de pesos, no acreditó el proceso de planeación para adquisiciones y tampoco probó la prestación de servicios por 180 millones.

Agregó que en Liconsa no se presentó la documentación que acredite el pago a una empresa por 34 millones de pesos e hizo otros pagos por 293 millones sin papeles probatorios de servicios con cinco empresas. Gastó 518 millones sin la documentación que acredite la recepción de leche fresca en cinco contratos y en 620 millones ejercidos para transporte de lácteos en nueve contratos no hay documentos que acrediten el servicio.

La ASF señaló que se encontraron deficiencias en la organización, así como en la integración y registro de información contable y financiera presente en los estados financieros. Indicó que “el auditor independiente, Salles Sainz Grant Thornton, se abstuvo de emitir su opinión: ‘No expresamos una opinión sobre los estados financieros’” de Segalmex.