A pesar de la nueva reforma laboral, en México persisten los sindicatos y contratos de protección, que se estima constituyen 80 por ciento de los que existen en el país, advirtió la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) en el contexto de las reuniones de la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su informe 2022, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) del organismo, analiza casos relativos a la libertad sindical, negociación colectiva y la reforma constitucional en materia de justicia laboral.

La CIT –central que aglutina a más de un millón de trabajadores de organizaciones minero-metalúrgicas– destacó las dificultades de poner en práctica las reformas, en un contexto en el que “el sindicalismo independiente es minoritario, y la mayoría de los contratos colectivos no han sido legitimados”.

También advirtió que las juntas de Conciliación y Arbitraje “tardarán mucho” en ser sustituidas y continúan siendo un “obstáculo” para la libertad sindical.

Uno de los propósitos de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo es que los obreros conozcan el contenido de los mismos y la depuración de “contratos de protección”, que son los que se firmaron entre un sindicato y una empresa sin el consentimiento de los trabajadores.

De acuerdo con datos oficiales, a la fecha 3 mil 225 contratos colectivos han sido avalados por los trabajadores, de un universo de 500 mil documentos que se estima existen a escala nacional.

En el documento de la Comisión de Expertos, la IndustriALL Global Union –federación sindical mundial que representa a más de 50 millones de trabajadores el sector minero, energético e industrial en 140 países–, señaló que las “prácticas limitadoras de la libertad sindical se perpetúan”, particularmente en los estados fuera de la capital federal, y denunció que “las empresas y sindicatos corporativos siguen controlando las juntas”.

Además, añadió, existe la proliferación y firma por autoridades públicas de contratos de protección; aludió a casos concretos que ilustran su operación (por ejemplo, en una empresa trasnacional de automóviles o en el sector de las gasolineras); denunció la represión a la acción sindical reivindicativa (con algunos casos en la industria electrónica en Jalisco), y destacó los importantes retos en la práctica para garantizar que los procesos de legitimación respeten la libertad sindical (citando ejemplos de incumplimiento de resultados que no favorecieron al sindicato de protección o trabas al registro de organizaciones independientes).

Por ello, la CEACR “alienta al gobierno de México a tomar las medidas adicionales necesarias para asegurar que los procesos de legitimación de contratos colectivos, tanto en sus normas como en su aplicación práctica, aseguren el pleno y oportuno respeto de la libertad sindical”.