En la construcción del Tren Maya, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías por más de mil 44 millones de pesos en la Cuenta Pública 2020.

Entre ellos, un pago por 650.1 millones de pesos derivado de un convenio de colaboración suscrito para instrumentar un mecanismo que le permitió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dotar de recursos a su filial Fonatur-Tren Maya, para que cumpliera con obligaciones relacionadas con servicios generales y personales, así como la adquisición de suministros sin que se cumpliera con la normatividad presupuestal.

También se erogaron 9 mil 733.9 millones de pesos, de los cuales no se reportaron 382.3 millones.

De los pagos de indemnizaciones a los propietarios de las superficies liberadas por los derechos de vía correspondientes a la construcción del Tren Maya por 128.8 millones de pesos, el Fonatur proporcionó una información parcial que justificó el gasto por 117 millones de pesos, efectuado por la indemnización de 28 ejidos, y no dio la información que acreditara el pago por los 11.8 millones de pesos restantes.

Al presentar los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, la ASF dijo haber encontrado debilidades que de no ser corregidas, incrementan el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico de la Península de Yucatán y al mismo tiempo, proteger el medio ambiente.

De igual manera informó que emitió una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que investigue los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas derivado de la existencia de procedimientos de excepción a la licitación pública.

El informe de las auditorías realizadas al programa de construcción del Tren Maya da cuenta de observaciones por 256.1 millones de pesos, debido a que se pagó anticipadamente la elaboración de los proyectos ejecutivos, los cuales debieron liquidarse hasta estar concluidos y validados.

De igual manera se informa que el monto de la inversión total estimada entre 2019 y 2021 para el desarrollo del plan, aumento 26.9 por ciento al pasar de 141 mil 20.8 millones de pesos a 178 mil 984.4 millones.

Entre las anomalías y debilidades que encontró la ASF se encuentra la formalización de contratos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando por su naturaleza debieron ser por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, lo que imposibilito la verificación del cumplimiento de los entregables y del avance de los servicios.

Tampoco se contó con protocolo de debida diligencia para garantizar las mejores condiciones en contrataciones públicas.