Del Mar. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, propuso permitir que los ciudadanos del estado demanden a fabricantes de armas de fuego para forzarles a frenar su producción de fusiles automáticos, de la misma manera en que Texas permite a sus residentes demandar a las clínicas de abortos.
Newson retó ayer a la Suprema Corte de Estados Unidos a tratar los dos asuntos de la misma forma.
En una conferencia de prensa en la ciudad costera de Del Mar, al norte de San Diego, el mandatario declaró que piensa que la ley de Texas es errónea y que la decisión que tomó la Corte Suprema en diciembre de mantenerla en vigor era “absurda” e “indignante”.
“Pero ellos abrieron las puertas. Establecieron las pautas, el tono y las reglas. Y nosotros podemos ya sea quedamos a la defensiva, quejándonos, o jugar bajo esas reglas. Vamos a jugar con esas reglas. Veremos qué tan recta es la Corte Suprema de Estados Unidos” añadió.
La inusual ley de Texas, aprobada el año pasado, prohíbe todos los abortos una vez que se detecta el latido del corazón, usualmente alrededor de la sexta semana de embarazo. La ley no le permite al gobierno hacerla cumplir.
En lugar de ello, los ciudadanos pueden demandar a las clínicas de abortos o a cualquiera que “instigue y asista” al procedimiento.
La propuesta jurídica en California, anunciada el viernes, haría lo mismo, pero en lugar de demandas a las clínicas de ceses de embarazos autorizaría demandar a los fabricantes de armas de fuego y otros que vendan, produzcan o distribuyan fusiles de asalto en el estado.
California ha prohibido durante décadas la producción y comercialización de muchas armas de asalto; no obstante, el año pasado, el juez federal de distrito, Roger Benitez, anuló ese marco legal, diciendo que era inconstitucional y comparó los fusiles AR-15 con una navaja suiza, al subrayar que eran “buenos tanto para el hogar como para la batalla”. El fallo indignó a Newsom, quien prometió responder. La propuesta en California es exactamente lo que grupos defensores de los derechos para poseer armas de fuego temían que sucediese si la Corte Suprema de Estados Unidos dejaba en vigor la ley de Texas. Ambos temas abonan a la confrontación política de las dos fuerzas del país: republicanos y demócratas