La iniciativa de reforma en materia de derechos indígenas que actualmente se encuentra en el Senado dividió opiniones entre comunidades y organizaciones especializadas en el tema, pues mientras algunas consideran que la propuesta ayudaría a reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho, otras advierten que no es tan favorable, pues los megaproyectos del Ejecutivo no estarían sujetos a aprobación a través de consultas.
Consultado sobre el tema, Efraín Avilés Rodríguez, habitante de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán, subrayó que la propuesta de Morena –ya aprobada en la Cámara de Diputados durante la legislatura pasada– puede ayudar a que se respete la obligación de las autoridades de realizar consultas previas, libres e informadas antes del inicio de proyectos económicos en territorios de pueblos originarios.
“El respeto a las consultas no sólo debe ser de dicho o de buenas intenciones, sino en la práctica, por eso es importante que se le dé seguimiento a la iniciativa de reforma que está estancada en el Senado, y que no sean los intereses empresariales los que la frenen”, señaló el ex vocero del concejo de Nahuatzen.
Avilés Rodríguez dijo confiar en que los poderes Ejecutivo y Legislativo muestren la voluntad suficiente para avalar esta iniciativa e integrarla a la Constitución. “Es mediante el diálogo como se deben cumplir los compromisos, por eso esperamos que reflexionen sobre este tema y legislen cuanto antes”.
Por su parte, Luis Ángel Ortiz, promotor cultural en la comunidad otomí de San Francisco Magú, estado de México, coincidió en que “con el congelamiento de la propuesta de reforma también se puede ver detenido el progreso de los pueblos indígenas. Para nosotros el progreso es muy importante, pero siempre teniendo claro que debemos ser consultados sobre las empresas y megaproyectos que quieran meterse”.
Para el activista, el proyecto que hoy está en manos del Senado “sí ayudaría a que se reconociera nuestra autonomía como pueblos, y que de esta forma podamos seguir progresando, conforme a nuestros usos y costumbres”.
En contraposición, la investigadora Ivette Lacaba, integrante de la organización civil Fundar y asesora de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, señaló que aunque la propuesta tiene algunos puntos positivos, también deja abierta la puerta para que las iniciativas presidenciales se pongan en marcha sin consultar a las comunidades.
La iniciativa que se aprobó en San Lázaro “está muy sesgada. Sí habla de la consulta y de los pasos a seguir, pero se ponen candados que violentan la autodeterminación a conveniencia de Morena, al excluir los proyectos del Presidente”, alertó.
