Enfundada en el uniforme de algodón azul que portan los reos de El Chipote, la cárcel de Nicaragua que encierra a los más de 100 presos políticos del régimen orteguista, la dirigente opositora Dora María Téllez compareció a su juicio el 3 de febrero y contó con cuatro minutos para hablar en su defensa por los cargos de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Interrumpida en tres ocasiones por el juez, quien fuera conocida durante la guerra insurreccional de los años 70 como Comandante Dos esgrimió contra las acusaciones del régimen el argumento de que “la soberanía de las naciones no recae en las personas, sino en el pueblo”; que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, “son Nicaragua”, y que ese país “no es una monarquía, sino una república”.

No conocía a su abogado

Antes del juicio, programado sin aviso previo, su defensa no tuvo acceso siquiera al número de su expediente y nunca tuvo oportunidad de visitar a la acusada ni para conocerla. Cuando fue trasladada al juzgado, la dirigente no sabía que era ya el día de su audiencia. “¿Qué hago yo aquí?, ¿dónde estoy?”, preguntó a la persona que tenía al lado, sin saber que era su abogado defensor. El 10 de febrero fue declarada “culpable”.

Como en casi todos los casos de los cerca de 170 presos políticos que hay en las prisiones de Nicaragua, 46 de ellos detenidos en las semanas previas a las elecciones de noviembre del año pasado (varios precandidatos, líderes de organizaciones opositoras, dirigentes campesinos y estudiantiles y dos periodistas), ningún proceso judicial siguió las mínimas bases de un juicio justo. A cinco ya les fueron dictadas sentencias similares, con argumentos idénticos.

“Fusilamiento judicial”

“Ha sido un fusilamiento judicial”, declaró otro ex comandante de la revolución sandinista, Luis Carrión, quien quedó al frente del partido Unamos, que fundó junto con Dora María, Víctor Tinoco y varios presos más.

Otro de los jefes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y reconocido por generaciones anteriores como héroe nacional, general de brigada en retiro Hugo Torres, también preso político, murió la semana pasada. El gobierno informó del deceso 15 horas después, sin precisar las causas de la muerte y sin haber informado a su familia que había sido trasladado a un hospital.

Torres y la Comandante Dos protagonizaron en 1979, antes de la caída de la dictadura somocista, una acción guerrillera que permitió, en un intercambio de prisioneros, la libertad de hoy presidente Ortega.

Operación Danto

En El Chipote, junto con Téllez, están presas otras tres mujeres dirigentes de Unamos, que se llamó Movimiento de Renovación Sandinista hasta que la dupla Ortega-Murillo les prohibió el uso de ese nombre: Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyén Barahona. Todas fueron arrestadas durante los últimos días de mayo de 2021 en una acción que se llamó Operación Danto con un mismo patrón: sin orden de aprehensión fueron trasladadas a un paradero desconocido donde estuvieron 60 días sin acceso a ninguna persona. Después, en El Chipote, se les asignó un defensor de oficio que no objetó el decreto de otros 90 días de arresto en aislamiento.

También fue detenido Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios, hermano de la precandidata Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario) y del periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyo periódico, Confidencial, fue allanado y saqueado. Para poder seguir operando este medio de comunicación de manera digital, tuvo que salir al exilio.

Al cabo de ese periodo, los presos políticos tuvieron derecho a contadas visitas familiares, cuatro en un periodo de ocho meses. En vista del severo deterioro de su salud y la pérdida de peso, las familias de las cuatro mujeres formaron un colectivo para llevarles cada día suplementos alimenticios y agua. Todas están confinadas en aislamiento.

Penumbra permanente

A Dora María le han impuesto un castigo adicional: la penumbra permanente. Condenada a la semioscuridad durante todo el día, cuenta que cuando se mira los pies sólo ve el contorno de sus chinelas (chanclas) y en la regadera no puede distinguir las etiquetas de los frascos. Por lo tanto, leer está fuera de su alcance. “Y eso –cuentan testigos que han podido verla– es lo que la ha lastimado más”.

El día del juicio, según algunos testimonios, se le veía “no pálida, traslúcida como una hostia”; muy delgada, un poco desorientada al principio y con un marcado tic nervioso que sacudía uno de sus brazos. Cuando finalmente pudo tomar la palabra durante cuatro cortos minutos, pudo hacer el recuento detallado de los derechos que le fueron negados para contar con un debido proceso. Hasta pocos días antes, refirió, le habían permitido a su familia hacerle llegar una cobija. El juez la interrumpió en tres ocasiones.

Las principales pruebas que se presentaron en su contra para sustentar los cargos de conspiración y menoscabo a la soberanía nacional fueron: dos retuits que hizo desde su cuenta de Twitter, uno sobre un pronunciamiento del director de Human Rights Watch y otro de una carta enviada por seis senadores de Estados Unidos al presidente Joe Biden. También, una comparecencia virtual ante el Parlamento Europeo y una entrevista con un parlamentario de la Unión Europea. Todos los testigos en su contra eran policías. No hubo declarantes de descargo.

Lo último que alcanzó a decir Dora María Téllez ante el tribunal fue: “Detenida o en libertad, seguiré luchando por Nicaragua”. El día que se dictó sentencia, siete días después, no se permitió acceso a la sala a ningún familiar: ocho años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Para Víctor Hugo Tinoco y otros detenidos, la pena fue de 13 años. Se teme que todas las demás sentencias que emita este juzgado sean en el mismo tenor. “Este procedimiento fuera de la ley se va a replicar en cada uno de los casos de los presos políticos”.

La entrevista que Téllez concedió a este diario poco antes de su arresto el año pasado puede consultarse en https://bit.ly/3LHAzPV.