En una terrorífica historia de muerte e impunidad que parece no tener fin, hoy se conmemora el aniversario número 16 de la tragedia en Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, donde, por negligencia de la empresa, murieron 65 mineros, de los que 63 aún se encuentran bajo toneladas de rocas por la reiterada negativa de tres gobiernos al hilo (Fox, Calderón y Peña Nieto) de proceder en dos sentidos: rescatar los cuerpos y actuar judicialmente en contra de los responsables (léase Grupo México y su dueño el tóxico Germán Larrea).
La de Pasta de Conchos fue al mismo tiempo una tragedia igual de predecible que evitable, pues de tiempo atrás el sindicato minero denunció, con la información en la mano, la falta de seguridad y protección en la mina, así como la negligencia de la empresa y su propietario que se negaron a corregir tales deficiencias. Dieciséis años después, el resultado es el mismo que desde el principio: los cuerpos de los mineros no han sido rescatados y al corporativo junto con su dueño no les han tocado un pelo.
La promesa inicial nunca trascendió el discurso: “nadie quedará impune”, prometió Vicente Fox y ofreció “investigar a fondo”, “castigar a los responsables, caiga quien caiga”. En los hechos, apenas cinco días después de la tragedia canceló las labores de rescate y no movió un dedo para actuar como dijo que lo haría, mientras a su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz (responsable legal de que la empresa cumpliera con los protocolos de seguridad), lo protegió con una diputación federal (hoy es senador).
Felipe Calderón se comprometió a “rescatar los cuerpos para que tengan cristiana sepultura” (lo que nunca sucedió), al tiempo que su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, públicamente denunció que Industrial Minera México (de Grupo México y de Larrea) tuvo “la mayor parte de la responsabilidad” en Pasta de Conchos, “por estar obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad; no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje por más importante que sea” ( La Jornada, Patricia Muñoz). Obviamente, sólo se convirtió en gato del magnate y Borolas lo protegió con una senaduría.
Con EPN, más de lo mismo: no movió un pelo para rescatar los cuerpos, pero a Larrea le dio más y más concesiones (entre ellas petroleras), y mantuvo impune al barón por el derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora. Su secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró “estar dispuesto a reabrir las investigaciones en Pasta de Conchos y realizar otro peritaje para determinar la factibilidad de rescatar a los 63 mineros”. Nada hizo.
Ya con la 4T, López Obrador anunció (1º de mayo de 2019) que “en un acto de justicia y humanidad, el gobierno federal inicia los trabajos de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos… no se escatimarán recursos”. El problema es que se lo encargó a su secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y es la fecha que no avanza.
Por su parte, Larrea y su pandilla se ha dedicado a pagar una sucia guerra propagandística en contra de los mineros, su sindicato y su dirigente, y no tiene empacho en “revivir” asuntos ya juzgados (no a su favor), y no por cualquiera instancia, sino por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, por unanimidad, exoneró a Napoleón Gómez Urrutia y a la organización que encabeza.
Pero el barón insiste en el supuesto “desvío” de 55 millones de dólares que correspondieron al sindicato nacional de mineros por el 5 por ciento de las acciones de Minera de Cananea a la hora de su privatización (por cierto, Larrea tardó más de 14 años en entregar ese fondo a la organización obrera; debió hacerlo en 1990).
Pues bien, ante autoridad judicial, en documento legal firmado por él mismo y con fecha 28 de agosto de 1990, Larrea reconoce que esos dineros pertenecen a la organización obrera.
Las rebanadas del pastel
Los trabajadores petroleros exigieron a Luisa María Alcalde “no ser un estorbo” y ahora los jubilados de Mexicana de Aviación denuncian que “las autoridades laborales han retrasado la ejecución del laudo (que los favorece) que nos permitiría acceder a recursos para el pago de nuestra pensión”, pero “los sindicatos de pilotos y sobrecargos representados por Arturo Alcalde Justiniani (papá de la niña) buscan arrebatarnos ese laudo y sólo darnos dos centavos por cada peso; quieren quedarse con los 98 centavos restantes”. ¿También terminará de senadora?
