Chilpancingo, Gro., El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) pidió que sigan las operaciones de fuerzas federales y estatales en los municipios de Quechultenango, Chilapa y Tixtla en contra del grupo delictivo Los Ardillos.

En contraparte, vecinos de Quechultenango criticaron la presencia militar en sus comunidades y justificaron haber retenido a 30 elementos del Ejército y 10 de la policía ministerial del estado, con el argumento de que intimidan a las mujeres, se asoman por las ventanas e ingresan a los domicilios sin presentar órdenes de cateo.

En un comunicado, el Cipog-EZ demandó que se desarticule a Los Ardillos y aseguró que hay instituciones vinculadas con ellos, incluidos la policía municipal, alcaldes y elementos de la Fiscalía General de Guerrero.

“No es posible que el Ejército quiera realizar operaciones junto con perpetradores de crímenes e informantes del grupo delictivo”, reprochó la organización.

Exigió que se detenga al diputado perredista Bernardo Ortega y a sus hermanos Celso, Jorge y Antonio Ortega Jiménez, a quienes acusan de atemorizar a los pobladores en contubernio con integrantes del mencionado grupo criminal.

A los mandos de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y demás corporaciones les demandaron que “dejen de simular” y, si no van a aprehender a los delincuentes, “renuncien”. Criticaron “la estrategia fallida del Ejército para detener a los operadores del grupo narcoparamilitar Los Ardillos” en Quechultenango.

La tarde del miércoles, habitantes de Quechultenango, localidad ubicada en el centro del estado, retuvieron cinco horas a soldados y policías ministeriales que patrullaban la región, así como a 20 periodistas que realizaban la cobertura.

La profesora Alfreda Casparillo dijo: “No es necesaria la presencia del Ejército, porque siempre ha sido hostigador y ha abusado sexualmente de las mujeres. Tenemos nuestra propia seguridad en las 88 comunidades, donde cada comisario tiene su policía, con seis suplentes y seis propietarios, y es un servicio que dan nombrados por el pueblo”.

Justificó que la retención de los militares y agentes ministeriales: “Fue por lo que hicieron en la cabecera municipal, por la violencia que cometieron al meterse en los hogares. Por eso se tocaron las campanas de la iglesia”.

Sin embargo, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz difundió que durante los recorridos que realizan por ese municipio los elementos de las corporaciones “se han conducido con pleno respeto a los derechos humanos y sin alterar el orden público”.