Madrid. El derechista Partido Popular (PP) estalló en mil pedazos en una guerra sin cuartel, entre acusaciones de traición, corrupción y espionaje. El principal partido de la oposición en España, que actualmente lidera las encuestas de intención del voto por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está sumido en una profunda crisis que enfrenta a la actual directiva nacional, presidida por Pablo Casado, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que le han abierto un expediente disciplinario que podría desembocar en su expulsión del partido. Una decisión sorprendente dada la altísima popularidad y el ascenso electoral de la política madrileña en los últimos años, que la han convertido en uno de los símbolos de la actual derecha española.

Hasta ahora se sabía que había una guerra soterrada, casi silenciosa, que si acaso se ventilaba a través de filtraciones en medios de comunicación y con mensajes encriptados a través de declaraciones públicas. Pero de repente todo estalló. Y las acusaciones mutuas se hicieron de forma pública y de frente, sin tapujos, y con exigencias de represalias que tuvieron como respuesta amenazas de sanciones y expulsión. Todo esto a través de los medios de comunicación, que ha permitido a la ciudadanía vivir en directo la crisis más grave de la formación conservadora desde su fundación, en 1989, tras fusionarse con Alianza Popular (AP).

El origen de la crisis es un supuesto contrato que concedió la Comunidad de Madrid, en el que estaría involucrada Isabel Díaz Ayuso, para comprar material sanitario en los meses más duros de la pandemia. El intercambio comercial se hizo con una empresa de material sanitario, por un monto superior al millón y medio de euros, y, supuestamente, el intermediario y comisionista principal fue Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña. Al menos esta es la hipótesis que ha difundido a diestra y siniestra la propia dirección del PP, sobre todo su secretario general y mano derecha del líder Teodoro García Egea, quien no sólo habría difundido el rumor con numerosos medios de comunicación y periodistas, sino que también habría intentado contratar una empresa de detectives para que elaboraran sendos dosieres informativos tanto de la presidenta madrileña como de sus familiares y amigos más cercanos. Incluso se afirmó que había sido el propio Ejecutivo español, a través de gente del palacio de gobierno de La Moncloa, desde donde se había filtrado un informe secreto sobre las supuestas corruptelas de la presidenta de Madrid.

La tesis de la presidenta madrileña es que la dirección de su propio partido, con Casado a la cabeza, querían “chantajearle” para expulsarla de la vida política y cerrar de tajo su impresionante ascenso como figura pública, sobre todo a raíz del triunfo incontestable que logró en los últimos comicios autonómicos, de hace sólo un año, que también le sirvió para reclamar la celebración de un congreso regional del PP para elegir a la nueva directiva madrileña, a la que ella misma aspira a dirigir.

Hasta ayer por la noche, el enfrentamiento existía pero no era público. Pero a raíz de la publicación de una exclusiva del periódico digital El Confidencial, que después se expandió de forma veloz al resto de los medios de comunicación, en la que se afirmaba que la Ejecutiva del PP había intentado contratar a una empresa de detectives para obtener información sensible que sirviera para chantajear a Díaz Ayuso y expulsarla de la vida pública, se generó una serie de reacciones en cadena: primero del alcalde de Madrid, también del PP, José Luis Martínez Almeida, quien desvinculó a la empresa local de la vivienda -desde la que se había informado que se había intentado contratar a los detectives- y explicó que después de tener conocimiento de los hechos, hace algo más de dos meses, había realizado una investigación exhaustiva que había concluido que no se había realizado ninguna ilegalidad. Y que tampoco se habían utilizado los recursos públicos del Ayuntamiento para atacar a su compañera de partido. Sin embargo, unas horas más tarde se anunció la dimisión del hombre señalado como el operador en la sombra de la trama, que a su vez trabajaba para el gobierno local como coordinador de la presidencia, Ángel Carromero. A quien también sitúan en la órbita más cercano a Casado y García Egea.

Después de la declaración pública del alcalde madrileño pidió la palabra la presidenta madrileña, que sin tapujos acusó a la dirección de su partido de “intentar destruirme”, de atacar a su familia, “lo más sagrado que tenemos”, para “chantajearme”, y por tanto exigió medidas en las que se asumiera algún tipo de responsabilidad. Es decir, pidió la dimisión tanto de Carromero como del propio García Egea, al que todos los reportajes periodísticos y el propio equipo de la presidenta madrileña lo señalan como el principal instigador y operador.

Finalmente compareció ante los medios de comunicación el propio García Egea desde la sede central del PP, desde donde no sólo no retiró las sospechas contra Ayuso, sino que las alimentó aún más, advirtiendo que le abrirían un expediente disciplinario que podría derivar en su expulsión si al final se concluye que durante su gestión incurrió en algún tipo de corruptela.

Es una guerra abierta que ha fracturado al PP en dos frentes, los que apoyan al actual directivo, con Casado al frente, que son los menos, y los que defienden a Díaz Ayuso, que son la inmensa mayoría de los militantes, simpatizantes y hasta líderes regionales del PP.