Chilpancingo, Gro. Mientras el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-ez), demandó que se mantengan los operativos de las fuerzas federales y estatales, en los municipios de Quechultenango, Chilapa, y Tixtla, en contra del grupo delincuencial Los Ardillos, habitantes justificaron las protestas de ayer por la tarde noche, en las que prácticamente corrieron al Ejército Mexicano y a la Policía Ministerial.

Mediante un comunicado el Cipog-ez, demandó también “que se depuren y desarticulen a Los Ardillos desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como la policía municipal, presidentes municipales, fiscalía; no es posible que el ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos”.

Además, plantearon que “la estrategia del gobierno y los operativos los realicen de manera contundente, de tal forma que los hermanos Ortega Jiménez, empezando por el diputado (del PRD) Bernardo Ortega, Celso, Jorge y Antonio Ortega, sean detenidos, no puede ser que a más de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda”.

También, añadieron, “les exigimos a los comandantes y Capitanes y jefes de la Sedena, de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que, si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien ¡dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos!”.

Criticaron “la estrategia fallida del ejército el día de ayer; pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten. No concebimos que el Ejército Mexicano, con toda la capacidad técnica, logística, tecnológica, con todo eso que llaman ‘inteligencia militar’, no haya sido capaz de llevar a cabo las detenciones de los operadores del grupo narco-paramilitar Los Ardillos en Quechultenango”.

Por su parte, la maestra Alfreda Casparillo, ciudadana del municipio de Quechultenango, criticó la presencia de soldados “no se vale que por su uniforme y las armas que traen, intimiden a las mujeres; a muchos niños les preguntaban donde vivían algunas damas; se asomaban a las ventanas, y se metieron a los domicilios en donde extrajeron algunos electrodomésticos, sin ninguna orden de cateo”.

Afirmó que en Quechultenango las mujeres viven tranquilas “y las niñas y las mujeres son respetadas; somos libres para caminar en las calles; lo mismo las estudiantes que recorren kilómetros caminando vienen a la preparatoria o la secundaria lo mismo en el poblado de Colotlipa, o la cabecera municipal y nadie las molesta”.

Recordó que en la década de los años 80 “muchas mujeres y maestras eran violadas en las carreteras, y hoy queremos preservar esa seguridad; nos sentimos más acosadas por el ejército, y nos protege la Ley 553, que dice que la mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Aquí las mujeres nunca habían alzado la voz, esta es la primera vez, y solo lo hicimos en Colotlipa, y la cabecera municipal de Quechultenango, y contamos con el apoyo de los aliados”.

Dijo que la noche del miércoles hubo un acuerdo con el gobierno estatal, y fue “que este jueves iban a liberar al doctor Jesús Flores Gatica, que lo extrajeron de su domicilio, y se lo llevaron (los soldados), y acuerdo es que lo van a regresar el día de hoy”.

Insistió Alfreda Casparillo que “no es necesaria la presencia del ejército, porque siempre ha sido hostigador, y ha abusado sexualmente; nosotros tenemos nuestra propia seguridad en el municipio en las 88 comunidades, en donde cada comisario tiene integrado a su policía, son seis suplentes y seis propietarios, y es un servicio que hacen a la comunidad, que son nombrados por el pueblo”.

Si una mujer está en riesgo de “ser violentada, solamente cualquier vecino le avisa al comisario, y de inmediato se le detiene (al agresor); casi ya no sucede eso porque ya se han impartido talleres desde el año 2015 en defensa de los derechos de la mujer; por eso pedimos que el ejército no llegue a nuestro municipio, porque ya tenemos a nuestra policía comunitaria, que mejor capaciten al ejército y a los policías ministeriales”.

De la retención, la víspera, de unos 50 soldados y policías ministeriales explicó que “fue por lo que hicieron en la cabecera municipal, por la violencia que cometieron al meterse en los hogares, por eso se tocaron las campanas en la cabecera municipal”.

Y de la presencia de los grupos delincuenciales en el municipio de Quechultenango, apuntó que “eso le compete a la Secretaría de Seguridad, pero si no hay delincuencia aquí para nosotros, entonces no existe, quizá para algunos de ellos sí. Aquí ha habido extorsiones por teléfono; pero aquí no hay extorsión, ni piden cuotas, no nos piden nada”.

Segura estoy, expuso, “que las mujeres y la ciudadanía ya hubieran acudido a mí para poder hacer algo, sin embargo, nadie lo ha hecho”, concluyó.

En tanto, en un comunicado difundido anoche por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se resaltó que “es preciso señalar que durante los recorridos que realizan por ese municipio los elementos d las corporaciones se han conducido con pleno respeto a los derechos humanos, y sin alterar el orden público”.

Desde las cinco de la tarde del jueves, y hasta las 11 de la noche, fueron retenidos unos 50 soldados y policías municipales, así como cerca de 20 reporteros que cubrían lo ocurrido, hasta que finalmente se llegó a una negociación que encabezó Enrique Martínez López, comandante de la 35 Zona Militar; Evelio Méndez, Secretario de Seguridad Pública y Francisco Rodríguez, director general de Gobernación.