Las nuevas atribuciones que tendrá Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar las cuentas bancarias sin orden judicial, es una herramienta agresiva que no abona al desarrollo empresarial del país, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, el consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero del organismo del sector privado, Antonio Barragán Cabral, cuestionó las nuevas disposiciones.

“Es muy cuestionable la reforma, porque no han dicho bajo qué procedimiento formal se va a llevar a cabo la notificación, además es una notificación de un particular, no es una notificación de una autoridad”, dijo,

Destacó que lamentablemente la reforma “no es para el efecto de promover el desarrollo empresarial, sino de fiscalizar con mayores herramientas, y con herramientas más agresivas al sector empresarial en México”.

El martes Morena y sus aliados aprobaron una modificación para incluir la garantía de audiencia a las personas físicas o morales cuyas cuentas hayan sido congeladas por la UIF.

En el foro “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de prevención del Lavado de Dinero”, señaló que a través de un análisis de riesgos o de datos, la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identifica cuando una persona física o moral ha cometido actos de ilegalidad y los recursos se originaron ilegalmente, aunque lamentó que estos son procesos tardados y los recursos quedan congelados.

“Con estos recursos opera una pyme, con esos recursos opera una empresa y con esos recursos se pagan las nóminas, se les pagan a los proveedores y toda la cadena comercial que estamos considerando. Es una afectación bastante importante financieramente hablando para las empresas”, dijo.

“Estos procedimientos nacen para que las personas físicas y morales puedan ofrecer pruebas y alegatos ante la UIF para desvirtuar esos indicios que llevarían a concluir a esta autoridad que son recursos de procedencia ilícita”, abundó.

Comentó que el incumplimiento de estas nuevas reformas, que están enfocadas a regular a combatir y a prevenir el lavado de dinero en México, el financiamiento al terrorismo, puede salir carísimo para las empresas, pues las multan van desde un millón hasta 2 millones de pesos.

Acotó que si la información que presentan las empresas no está actualizada, se pueden hacer acreedoras a multas de entre 800 a un millón de pesos.