Ciudad de México. Por cuarto día consecutivos, abogados postulantes independientes y justiciables se manifestaron para exigir la revocación del sistema digital de citas para asuntos civiles y familiares, ya sea de procesos escritos u orales, que amplía la resolución de los casos en tres años o más, sumados a los 18 meses de suspensión de los juzgados por la pandemia, y “privatiza” la impartición de justicia.

Denunciaron que la circular publicada el 10 de febrero “lesiona de forma flagrante el tráfico de personas que pueden acudir al Tribunal, ya sea por pedir pensiones alimenticias o recoger billetes de depósito, con lo que dichas autoridades pueden incurrir en la negación del servicio público, conducta que puede cuadrar en un delito”.

Además, el costo de ingreso al sistema va desde los $165.00 hasta $821.00 (fuente https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/sicor/), con lo cual “vislumbramos una afectación de derechos de las personas que representamos en los juicios que se ventilan en los Juzgados de la Ciudad de México, específicamente el de la pronta impartición de Justicia”.

Ello, derivado de la circular CJCDMX-06/2022, luego de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial determinó autorizar la implementación del sistema electrónico de citas en todos los Juzgados Civiles y Familiares de la Ciudad de México, explicaron.

Lo anterior, argumentaron, viola el artículo 17 Constitucional que preconiza el Derecho Humano a favor de los ciudadanos de Justicia pronta y expedita, ya que los Procedimientos Judiciales, que en términos normales pueden resolverse en aproximadamente 8 meses a un año, con la aplicación de dicho acuerdo se prolongarán en su resolución por aproximadamente de 2 a 3 años o más.

A ese periodo, debe sumarse el año y medio de suspensión de labores por la pandemia, con lo que se podría obstaculizar el acceso a la justicia y extralimitarse en las facultades que tienen como servidores públicos.

Aclararon que “no somos integrantes de ninguna barra de abogados o algún tipo de asociación y que la opinión de otras asociaciones no debe impactar en el bien común de todos los usuarios”.