Ciudad de México. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual comenzó a discutirse desde 2019 en el Congreso para incluir la garantía de audiencia a las personas físicas o morales cuyas cuentas hayan sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron el riesgo de que la medida para congelar cuentas sin orden judicial se utilice con fines políticos e incluso resaltaron que en el futuro podría aplicarse al actual grupo en el poder.
La reforma, que se envió al Ejecutivo para la publique en el Diario Oficial de la Federación y las disposiciones entren en vigor, fue aprobada por primera vez en el Senado en noviembre de 2019. Ese mismo mes la Cámara de Diputados la avaló, pero con cambios, al incluir que debía ser la UIF, no los bancos, la encargada de realizar las notificaciones de inclusión en la lista de personas bloqueadas.
Con ese elemento devolvió al Senado la reforma, que a su vez consideró que la UIF no tiene capacidad para las notificaciones y suprimió ese punto. En la sesión de ayer, la cámara se allanó a ese otro cambio; 266 diputados de Morena, PT y PVEM se aprobó el dictamen, mientras 218 de PAN, PRI y PRD lo hicieron en contra.
Por Morena, la diputada Lidia García Anaya votó contra la reforma, como lo hizo también en noviembre de 2019, al insistir que no se trata de una postura de colores o de partidos, sino de legislar con responsabilidad y, ante las críticas de su propia bancada, retó: “que me investiguen, al igual que muchos diputados que trabajan con honestidad y transparencia”.
El priísta José Yunes calificó la reforma como “una regresión histórica”, porque, sostuvo, la medida afectará principios constitucionales y lesiona la garantía de audiencia.
En contraparte, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, dijo que el cambio legal atiende una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque actualmente el bloqueo de cuentas bancarias se da por el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por México o bien el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental. Con la reforma, se podrá bloquear una cuenta bancaria aun cuando el motivo sea estrictamente nacional.
Patricia Terrazas (PAN) consideró que la UIF no puede ni debe ser policía ni contar con atribuciones que constitucionalmente sólo corresponden al Ministerio Público.