Súbitamente, un solemne grupo de ciudadanos adoptó el seudónimo de Carlos Loret. Lo hicieron orgullosos de su desplante ante la adversidad (“ultraje”) que padece tan menor personaje. Un hiperbólico punto de inflexión le llamó un analista exaltado que, a la menor oportunidad de desahogo, instala su sofá de sicoanálisis virtual para fustigar al Presidente. ¡Periodista! es, en efecto, un título que tal señor Loret poco merece. Más bien habría que titularlo mercenario o simple golpeador. Una labor que desprestigia a la profesión que muchos otros desarrollan con dignidad. El señor Loret lleva, un tanto más de tres años, atacando al Presidente con infundio y medio. No deja pasar cualquier ocasión para ello. Lo que por ahora lo puso en el ojo de un huracán, ensanchado por valientes repetidores, fue la difusión que hizo del inválido trabajo –de rudimentaria investigación– acerca del abogado J. Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO que radica en Texas.
Al publicarse el libelo se desató un ávido sospechosismo envuelto con furia inusitada. La casa que habitó por corto tiempo pertenecía a un ejecutivo de una empresa proveedora de Pemex. Con ese endeble supuesto como base, se dio pie a una retahíla de supuestos que tocaban, tanto la actual política de austeridad, como la misma postura, de intransigente honestidad, esgrimida por el Presidente.
Era, urgían los críticos, necesario aclarar si el ilícito de conflicto de intereses era pertinente al caso. De ahí para adelante todo fue pura y llana especulación perversa. El dueño de la casa rentada no trabajaba para Pemex ni la empresa tuvo conocimiento previo de la pareja que la ocupó. Es más, la misma esposa de José Ramón –quien rento la casa– tampoco supo quién era el dueño, ni tuvo o tiene contacto alguno con la citada petrolera. La carta publicada por la señora lo precisa y aporta datos de fácil seguimiento. Los desplantes de una vida lujosa del primogénito de AMLO es otro aspecto del pernicioso infundio. Hoy habita una casa de clase media común y corriente. Por cierto, esquiar en nieve lo hacen miles de mexicanos, ricos algunos y muchos otros ni tan cerca de ello.
Se dice que este asunto desató la furia del Presidente y creo que justificadamente. Pedirle que lo guarde, se inhiba o suavicen sus respuestas, porque tiene un poder desproporcionado respecto del mercenario citado, no se sostiene. El enfrentamiento, en todo caso, es con la casi totalidad del aparato de comunicación del país que no es poca cosa: en concreto es llamado cuarto poder. Revelar los ingresos que Loret alcanza no es una amenaza, por extensión injusta, para todo el periodismo como lo desean fervientemente sus defensores. Un personaje de este corte, junto con la asociación que patrocinó la “investigación” son férreos militantes de oposición al gobierno y al nuevo modelo transformador. Como tales, es indispensable conocer de dónde provienen estos y qué cantidades suman sus recursos. Pedir al SAT información sobre los impuestos supuestamente pagados por Loret no constituye delito. Es, en resumidas cuentas, una obligación para con los ciudadanos, al menos los que caminan junto con su Presidente.
Este escándalo se juntó con otro de distinta tesitura, pero vuelto gran follón internacional: la solicitud de pausar la relación con España. De inmediato se vio, tal petición, como un insulto a España. Una incomprensible y dañina acción gubernamental. Un desplante tonto e impertinente en momentos en que se requieren cauces para la inversión. Repetidamente, AMLO se ha referido al daño a la hacienda pública –a través de la CFE– que varias empresas, originalmente españolas, infligieron a los mexicanos. Lo hicieron en inconfesable, pero conocido, contubernio con funcionarios de pasadas administraciones, quienes les concedieron privilegios por demás onerosos, por completo indebidos. El esfuerzo presidencial se centra obligadamente en tratar de eliminar tan pesada carga a la eléctrica mexicana. Lograrlo, apegándose a las normas actuales, no ha sido, hasta ahora, posible. La necesidad de una reforma como la propuesta y en estudio, se vio, entonces, indispensable. La pausa causó, fingidamente, extrañeza a los distintos voceros del gobierno socialista que adjudicó daños, por extensión, al mismo país y a los españoles todos. Nunca fue la intención de AMLO insertar a la nación ibérica en su pausa avanzada. Tal vez debía haber usado el término impasse, tan familiar en las relaciones externas. Así los emergentes puristas locales lo habrían comprendido mejor. AMLO se refirió, seguramente, a las muy concretas presiones desplegadas por los cuerpos empresariales y diplomáticos españoles. Pero los opositores, de inmediato depusieron armas para auxiliar a sus conciudadanos y alegar daños varios a inversiones, empresas y a la relación con España. Una actitud ya muy repetida del conservadurismo en nuestra historia.
