“No nos reivindicamos como un grupo de sobrevivientes, somos militantes de la Liga 23 de Septiembre. No venimos de un naufragio, hemos seguido luchando, estamos dando los rostros, con una militancia de más de 40 años en la liga. Ahora hay condiciones para presentarnos de manera pública sin renunciar a la búsqueda del socialismo y a la demanda de justicia”, aseveró Jaime Laguna, quien dijo ser uno de los últimos miembros de esa organización que aún llegó a prisión antes de que operara el Plan de Rastreo que ordenó la aniquilación de los militantes.

Fue el preámbulo para anunciar la entrega de casi 7 mil hojas que contiene el expediente que la Liga Comunista 23 de Septiembre acumuló durante 40 años, como aportación para encontrar la verdad de los crímenes del pasado a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Junto con ello, denunciaron la obstaculización en los procesos legales de Florencio Coronel, David Jiménez Fragoso y Fernando Chong, responsabilizando al Poder Judicial y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de exigir requisitos desproporcionados para hacer justicia: “Piden comprobar daños que no es posible comprobar. ¿Cómo se comprueba el daño a una familia que ha sufrido persecución política?”, indicó Ricardo Valencia, encargado del área legal de la liga.

En su momento, Juan Hernández, quien dijo ser hijo de una pareja que fue víctima en la guerra sucia, urgió a que la comisión ahora sí haga justicia en el corto plazo, después de varias décadas en las que el Estado mexicano no lo ha querido hacer. “Se está muriendo la gente. Las familias, los deudos, los que participaron en el movimiento, por el tiempo desde que pasaron los hechos y la gente se está yendo sin justicia.

“Se están yendo, hay familias desgastadas, sin dinero, económicamente desgastadas porque han invertido su dinero en busca de justicia. Se han estado desapareciendo en vida. Por no otorgarles su reparación a tiempo. Sé que es terrible para muchos moralistas”, comentó.

Después de la entrega del material acumulado –dijo Laguna– durante 40 años, Carlos Pérez Ricart, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, expresó:

“Escucho agravio por parte de los compañeros, escucho indignación, exigencias, denuncias. Escuchamos en el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico confianza, compañerismo y colaboración. Las dos cosas, agravio y voluntad de acompañarnos en este proceso, de confianza y colaboración. Estamos del lado de quienes quieren justicia, del lado de las víctimas, de quienes continúan luchando por un país más justo”. Sin la sociedad civil no puede haber esclarecimiento ni justicia, recalcó.

Sin embargo, Pérez Ricart aseveró que no se pretende generar falsas expectativas porque el mecanismo sólo es una parte de este esfuerzo por esclarecer los crímenes del pasado. “No es un esfuerzo academicista, hay un objetivo político, del reconocimiento del Estado de graves violaciones a los derechos humanos. Uno de los cinco ejes es el de la memoria”, aunque hizo el compromiso por traducir los esfuerzos de recuperación para lograr el esclarecimiento y la sanción de los crímenes cometidos de 1965 a 1990.

Poco antes, integrantes de la Liga 23 de Septiembre presentaron una maqueta de una cárcel que estuvo, aseguraron, en el Campo Militar número 1 (debajo de la biblioteca), donde se torturaba y recluía a los militantes de la liga.