El fabricante de armamento Remington se convirtió ayer en la primera compañía de su tipo en admitir su responsabilidad legal en un tiroteo masivo en el que se usó uno de sus productos. La empresa estadunidense accedió a un acuerdo en el que acepta ser responsable por la masacre cometida el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde un joven de 20 años utilizó un rifle semiautomático de esa marca para asesinar a 20 niños y seis docentes, además de quitarse él mismo la vida.
Se trata de un arreglo histórico que rompe la monolítica impunidad de los fabricantes de armas respecto a los efectos de sus productos. Como esperan los impulsores de la demanda –familiares de las víctimas de Sandy Hook–, que la empresa accediera a un convenio para evitar una sentencia desfavorable marca un punto de inflexión que podría llevar al resto del sector a ser más cauto y establecer límites en lo que hoy es un mercado sumido en el más insensato libertinaje.
Uno de los aspectos más significativos de lo conseguido ayer por este grupo de afectados es que superó la hasta ahora infranqueable barrera de la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas firmada por el ex presidente George W. Bush en octubre de 2005, la cual otorga una extensa inmunidad legal a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas ante demandas civiles de responsabilidad por el uso ilícito de sus productos por terceros. De hecho, la derogación de esta norma es señalada como una prioridad de gobierno en la plataforma de campaña del hoy presidente Biden: en su página oficial, el Comité Nacional Demócrata indica que, como senador, Biden votó contra dicha medida, pero que fue aprobada gracias a las presiones de los armeros sobre el Congreso.
Precisamente esa legislación es usada como argumento para permanecer impunes por los fabricantes de armamentos a los que México demandó por “diseñar y fabricar armas de guerra, y comercializarlas de una manera que saben que provee de manera rutinaria a los cárteles de la droga” en nuestro país. En este sentido, el caso de Remington sin duda sienta un precedente que fortalece la posición mexicana, la cual cuenta con el respaldo de la Newtown Action Alliance (formada por las familias de Sandy Hook), así como de otras agrupaciones de víctimas de tiroteos y promotores de control de armas, procuradores generales de varios estados y decenas de fiscales municipales.
De prosperar, la controversia interpuesta por las autoridades mexicanas podría impulsar la reforma legal prometida con Biden, con lo que no sólo ayudaría a enfrentar el terrible descontrol en la fabricación, comercialización y uso de las armas de fuego que padece Estados Unidos, sino que contribuiría a hacer realidad el programa del actual mandatario de ese país. Hay todavía muchos obstáculos por delante para poner coto a la irresponsabilidad de los armeros estadunidenses, pero cualquier avance en esa dirección será saludable en una nación en la que se registran casi dos tiroteos masivos cada día y en la que los homicidios con armas de fuego se incrementaron 75 por ciento entre 2010 y 2020.
