Guanajuato., Gto., La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la legisladora Alma Alcaraz Hernández, de Morena, presentaron ante el pleno del Congreso estatal dos puntos de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado a practicar una revisión integral de cuentas a la administración municipal de León 2018-2021, que encabezó el panista Héctor López Santillana, por “evidentes actos de corrupción”, entre ellos cobros a empresas que vendieron servicios y bienes a 7 mil burócratas locales.
El gobierno de López Santillana –hoy director de la aduana Guanajuato Puerto Interior– fue “manchado por acciones y decisiones” que dañaron “su efectividad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos”, señaló en tribuna el diputado Gerardo Fernández González, del PVEM.
Afirmó que el Congreso local no puede ignorar las investigaciones periodísticas sobre el cobro de moches que realizaba la dirección de desarrollo institucional leonesa a cajas populares, funerarias, aseguradoras, tiendas departamentales y ópticas.
“No podemos pasar por alto el faltante de 97 mil 327 pesos en la dirección general de desarrollo institucional por un posible caso de corrupción. Se presume que proveedores entregaban dinero en forma ilegal, como parte de un acuerdo de contratación que presuntamente legalizaba moches a los que daba el nombre de reciprocidades”.
Recordó que el gobierno de Santillana también despojó de mil metros cuadrados al jardín de niños Juan Aldama para beneficiar a un empresario y condonó 2.5 millones de pesos de impuesto predial al campo de golf Club Campestre, haciéndolo pasar como predio agrícola, “decisiones que indudablemente ponen en tela de juicio el uso y destino de recursos públicos. Es momento de hacer un alto, reflexionar, investigar y, en su caso, sancionar posibles actos de corrupción”, exhortó.
La legisladora morenista Alcaraz Hernández también solicitó auditar el segundo periodo de López Santillana como alcalde, de 2018 a 2021, por los “moches que varias empresas entregaban a funcionarios de la dirección general de desarrollo institucional para firmar contratos de prestación de servicios o venta de bienes para los más de 7 mil empleados del ayuntamiento”.
Alma Alcaraz refirió que el año pasado la contraloría de León interpuso la denuncia penal 131271/2021 por el robo de 97 mil pesos en efectivo, producto de los moches, que “ahora debe resolver la Fiscalía General del Estado”.
Los dos puntos de acuerdo se turnaron a la comisión legislativa de Hacienda y Fiscalización.
