Actualmente la comunidad internacional demanda asumir mayor responsabilidad hacia temas que no habían sido tratados. Entre ellos destaca la lucha contra la corrupción. En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México se mantuvo en la misma posición que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, por lo que nuestro país sale debiendo en resultados en transparencia y rendición de cuentas, con énfasis en sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Si bien se ha constatado que el flagelo es un fenómeno que no sólo se presenta en países menos desarrollados o en regímenes políticos autoritarios, sino que converge también en países altamente desarrollados o en sistemas políticos liberales, en democracias que se han asumido después de la Segunda Guerra Mundial, en estados constitucionales de derecho, cuya tendencia gira alrededor de la protección de los derechos humanos de las personas, este fenómeno delictivo penetra en todos los niveles del poder público mayormente en sistemas con débiles controles institucionales y poca o nula participación ciudadana, lo que representa una seria amenaza para la estabilidad del propio Estado.
Entender la corrupción desde un punto de vista moral es cuestionable, pues este planteamiento, en opinión de Garzón Valdés, no permite ver la diferencia que existe entre la violación del sistema normativo vigente y la del sistema de una moral con pretensiones de universalidad, pues lo que sería considerado moralmente reprochable en un determinado lugar puede no serlo en otro. Además, la eficiencia entre coacción y corrupción es empíricamente dudosa, por lo que no es suficiente condenar moralmente una conducta, si su violación no es sancionada por el ordenamiento jurídico.
Pero también la corrupción se vuelve posible y propicia cuando quienes tienen la posición de tomar decisiones que afectan el interés público en relación con su esfera de competencias y facultades definidas en la ley, se separan de los valores socialmente aceptados y actúan violando el sistema normativo. Las relaciones basadas en valores como la igualdad, la equidad y la distribución de la riqueza, se ven remplazadas por relaciones que contradicen el ideal democrático.
En ese sentido, diversas crisis sociales, económicas, políticas, así como la desigualdad y la corrupción en los organismos del Estado agitan a la sociedad, generando frustración con el poder político y acrecentando las dudas respecto a la capacidad de la democracia representativa y sus gobernantes para cumplir con sus expectativas y mejorar su calidad de vida.
Esta crisis de valores representa un reto para la democracia actual; no es casual que los recursos destinados para la estrategia contra la corrupción se dirijan a reforzar los aspectos más básicos del sistema democrático como la vigencia plena de los principios de publicidad, transparencia e igualdad.
No obstante los enormes desafíos que enfrenta la democracia, ésta sigue siendo el sistema de gobierno que mejor promueve y garantiza el derecho a la participación ciudadana, el respeto de las libertades y los derechos fundamentales, así como la independencia de los poderes públicos. Por ello, la recuperación de la fe democrática y la puesta en práctica de propuestas que hagan posible una convivencia en condiciones de equidad e igualdad es el medio más seguro para evitar los efectos de la corrupción en una sociedad plural y democrática. Construir los (nuevos) valores que expliquen mejor los tiempos democráticos es una tarea prioritaria que nos involucra a todos, la cual no será posible, sin un entendimiento del problema, incluidas sus consecuencias económicas y sociales, que repercuten, lo hemos dicho ya, en la calidad de vida de la población más vulnerable; la apertura del diálogo entre Estado y la ciudadanía; el establecimiento de alianzas con sectores sociales clave, son algunas de las acciones que, consecuentemente, aterrizarían en mejores mecanismos en la lucha en nuestro país contra la corrupción.
