Aunque el derecho humano al agua y saneamiento está incluido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, aún persiste la brecha en su cumplimiento, sostuvo Sandra Sosa, representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, ya que sólo 58 por ciento de la población tiene agua todos los días en su domicilio y cuenta con saneamiento.
Durante la firma de un memorándum de entendimiento entre la Fundación Gonzalo Río Arronte y el PNUD, Sosa sostuvo que en el contexto rural apenas 39 por ciento de la población tiene agua potable todos los días.
“Encontramos que hay un uso ineficiente del líquido”, ya que se estima que los prestadores del servicio de agua y saneamiento tienen pérdidas de hasta 60 por ciento en las redes de distribución.
Existen más de 28 mil organismos comunitarios de agua a nivel rural, “pero no contamos con información suficiente para valorar su contribución en materia de acceso o en la implementación de los derechos humanos en esa área”.
También se refirió a que persiste la vulnerabilidad asociada con pérdidas humanas y materiales ocasionadas por desastres hídricos, ya que en promedio se estima que tienen un costo de más de 25 mil millones de pesos al año. A esto se suma el deterioro y la sobrexplotación de cuencas y acuíferos.
Agregó que alrededor de 70 por ciento de cuerpos de agua y ríos superficiales se encuentran contaminados: “En términos de gobernanza, sobre el agua aún vemos retos, todavía persiste una participación social limitada e insuficiente para la adecuada toma de decisiones”. Precisó que a este problema se suman los efectos del cambio climático en el aprovechamiento de los recursos hídricos.
