Va un recuento, como telón de fondo: el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Sakamch’en, Chiapas, firmaron un documento, que llamaron Acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígena, tanto la delegación del gobierno federal como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su contenido expresó el compromiso de impulsar una reforma constitucional que reconociera y garantizara los derechos indígenas.
El documento fue el resultado de la primera mesa, que a la postre resultó la única y se desarrolló en el marco del proceso establecido en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas para abordar las causas que dieron origen al conflicto armado que inició el EZLN el 1º de enero de 1994.
Hasta aquí los datos se corresponden con la denominación de acuerdos. Sin embargo, ya desde el momento de su firma se insertó en la cabeza del documento, de parte oficial, el germen nada casual de lo que le daría la naturaleza de desacuerdo: “Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional”; por ello, los delegados gubernamentales salieron de San Andrés con la convicción de que el Congreso decidiría. En contrapartida, observamos que el significado de acordar estaba disociado entre una y otra parte. ¿Qué decían los pueblos? “Ahora sí ya pusimos nuestra palabra, ahora sí ya nos comprometimos y eso se va a cumplir.” Pero tampoco es que se confiaran. De ello anotamos dos datos: el EZLN se negó a regalarles la foto codo a codo en la firma y les informó que lo harían en su espacio aparte; además ese día difundieron un comunicado que se llamó “Punto y seguido” en el cual explicaban que se trataba de un inicio y el camino era largo, complejo y con diferencias a dirimir en las siguientes mesas.
Hay que destacar el inédito acto histórico del EZLN al propiciar la construcción de una agenda propia al invitar como asesoras a las organizaciones de pueblos indígenas del país. Habría que recordar que fue la comandancia indígena la que condujo la negociación, sin la presencia del entonces subcomandante Marcos, hoy sub Galeano. Era la primera vez en nuestra historia que los representantes del Estado mexicano se sentaban frente a frente con los pueblos indígenas y sus demandas. Esa identidad zapatista con los pueblos indígenas de todo el país, se expresó en la creación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en octubre de 1996 y se ha mantenido desde entonces.
La segunda mesa sobre democracia y justicia fue abiertamente saboteada por la delegación gubernamental, lo que derivó en la decisión del EZLN de suspender el diálogo el 4 de septiembre de 1996, situación que se mantiene a la fecha. En el camino se intentó la reanudación de parte zapatista en 2001 frente al entonces nuevo gobierno de Vicente Fox, fijando condiciones entre ellas el cumplimiento de los acuerdos referidos a través de la aprobación de la propuesta de iniciativa constitucional que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación. El EZLN realizó por todo el país la Marcha del color de la tierra, que significó una virtual ratificación de parte indígena de los acuerdos. También acudieron al recinto de San Lázaro la comandancia indígena y representantes del CNI. No hubo escucha al fondo y sentido histórico de todo este proceso y el Congreso de la Unión elaboró y aprobó su iniciativa distorsionando y mutilando lo establecido en los acuerdos de 1996. El Presidente de la República la promulgó y el EZLN reafirmó las razones de la suspensión del diálogo. La parte indígena promovió 330 controversias constitucionales y la Suprema Corte de Justicia decretó el sobreseimiento. Además se presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tres reclamaciones que fueron resueltas en bloque en 2004 en las que en lo general dio la razón a los pueblos indígenas y recomendó al Estado mexicano la revisión de su contrarreforma, cuestión que nunca sucedió. Instancias de la ONU se han sumado sin resultado a esa postura.
El EZLN se replegó a sus territorios a trabajar en la construcción de espacios autonómicos, lo que hoy conocemos como juntas de buen gobierno y los pueblos en el resto del país se sumaron a esa construcción en los hechos, enfrentando al Estado que, en su lógica neoliberal, aprobó todo un andamiaje constitucional y legal para el despojo, en especial con las reformas minera y energética. Fue en 2012 la última ocasión en que el EZLN desafió al gobierno peñanietista a que cumpliera los acuerdos históricos sin que siquiera le respondiera. Hoy está claro para el EZLN y el CNI que su lucha es por la vida y en ello se han empeñado con la realización de la travesía zapatista por Europa.
El actual gobierno recicló el neoindigenismo de baja intensidad: apoyos individuales acompañados de grandes megaproyectos, sin referencia de parte presidencial, a los acuerdos de San Andrés Sakamch’en.
