Dos personajes de la política nacional pronunciaron ayer palabras similares: “No me voy a dejar”. Uno (Andrés Manuel López Obrador) lo hizo en Palacio Nacional, durante una conferencia de prensa en la que se declaró dispuesto a pelear duramente contra intereses que, dijo, van contra la llamada Cuarta Transformación. Otro (Ricardo Anaya) habló desde algún lugar desconocido, frente a una cámara de video, y aseguró que seguirá luchando por México (es de suponerse que está en el extranjero), aunque, por lo pronto, prefirió desatender el citatorio imperativo que un juez le giró para comparecer en diligencias relacionadas con actos de corrupción desde la política.

El primero, jefe real de Morena y habitante de Palacio Nacional, siguió sacando pecho en cuanto a su hijo José Ramón, quien la víspera había dado a conocer un comunicado sobre su situación laboral y migratoria que agregó dudas y críticas al anterior estatus en el que sólo se hablaba sin precisión de un presunto conflicto de intereses con la empresa de asuntos petroleros Baker Hughes.

Ahora, el propio López Beltrán puso bajo la lupa al Grupo Vidanta, cuyo dueño, Daniel Chávez Morán, es miembro del consejo asesor de la Presidencia de la República y supervisor honorario, designado por el mismo Presidente, del Tren Maya. Hijos de Chávez Morán crearon en Houston, Texas, una empresa en la que han dado empleo como asesor legal y así le facilitaron la obtención de una visa de trabajo a López Beltrán, según declaró la noche del domingo mediante un breve texto.

Además del comunicado de José Ramón, su esposa, Carolyn Adams, hizo lo propio y aportó detalles de la manera en que realizó la operación de arrendamiento de la casa de Houston con larga alberca y la adquisición mediante hipoteca de otra, con menos lujo. En general, los López Adams salieron a dar su versión de temas que llevan dos semanas en una polémica que ha consumido tiempo de la mañanera presidencial. Se afirma que no ha habido ni habrá conflicto de interés.

La situación fue reconocida por el Presidente de la República que, engallado, volvió a poner en su pantalla mañanera las cifras de los presuntos ingresos anuales del comunicador Carlos Loret de Mola, a quien dedicó 21 menciones durante su conferencia de prensa.

Además, rozó, sin nombrarlos, el tema delicado de Televisa y la estación radiofónica W, propiedad del grupo español Prisa, por la mitad de las acciones. Lo hizo luego de asegurar que pedirá “al instituto de la transparencia” que investigue y aclare los recibos y facturas de Loret. Como le dijeron que ese instituto no puede intervenir, pues el involucrado no es servidor público, López Obrador deslizó: “No, todos estos medios tienen que ver con lo público. Todos son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado. Y es importante también el debate sobre esto”.

En tanto, el panista Anaya decidió incumplir, sin justificación inmediata, un citatorio judicial. La Fiscalía General de la República tiene la opción de solicitar en contra del ex candidato presidencial una orden de aprehensión, pero no lo hizo de inmediato, por lo cual el juez declaró abierta esa posibilidad por si la FGR quisiera utilizarla.

Tampoco quiso utilizar la Fiscalía marca TortuGertz la posibilidad de llevar el caso de Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht a las alturas largamente prometidas: la acusación del órgano “autónomo” ya no incluyó a los plácidos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray o José Antonio Meade, pues consideró que los millones de dólares fueron para disfrute exclusivo de la familia de Lozoya y de él mismo, chivo no expiatorio pero sí solitario que apresuró su infortunio al comer pato a la pekinesa en un restaurante de las Lomas de Chapultepec.

Ya se verá si esa exclusividad del ánimo punitivo se mantiene en el ámbito de Lozoya y sus familias o la FGR intenta algún otro giro telenovelero al asunto, siempre en busca de un final feliz para los altísimos ex funcionarios públicos del pasado reciente que siguen intocados. ¡Hasta mañana!

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