Miami. Un coronel retirado del ejército colombiano fue demandado el martes en Estados Unidos por su presunta participación en torturas y en la matanza extrajudicial de un magistrado de su país en 1985, cuando un grupo guerrillero tomó el Palacio de Justicia.

La demanda civil fue presentada por tres de las hijas del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, en los tribunales federales del sur de la Florida, donde reside actualmente el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, dijo el Center for Justice and Accountability (CJA).

“Por más de tres décadas, Plazas Vega ha evadido responsabilidades por su papel en la muerte de mi padre en Colombia”, expresó Xiomara Urán, una de las hijas del juez Urán.

La demanda, que podría llevar varios años hasta que se resuelva, representa para la familia una oportunidad esperada durante años para que los responsables de la matanza rindan cuentas, dijo la mujer en un comunicado de prensa difundido por el CJA, una organización con sede en San Francisco que los asesora con la demanda junto a un grupo de abogados.

Plazas Vega, que fue condenado en Colombia por la desaparición de dos personas durante la toma del Palacio de Justicia y luego absuelto, ha expresado que es inocente.

El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del grupo M-19 lanzaron un ataque armado contra el Palacio de Justicia de Colombia y mantuvieron como rehenes a quienes estaban adentro. El ejército colombiano respondió desplegando sus fuerzas para recuperar el control del edificio y liberar a los rehenes. Más de 100 personas murieron, entre ellas 11 jueces de la Corte Suprema.

Los militares informaron a las familias de las víctimas que los muertos quedaron en medio de los enfrentamientos cruzados armados con los guerrilleros. Urán fue uno de los jueces que falleció dentro del edificio.

“Esa explicación fue una mentira”, dijo Daniel McLaughlin, abogado del CJA.

Plazas Vega fue condenado en 2012 a 30 años de prisión por la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia: un trabajador de la cafetería, Carlos Rodríguez, y una guerrillera del M-19, Irma Franco. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, como instancia máxima, lo absolvió en 2015 al no encontrar suficientes pruebas que lo relacionaran con dichas desapariciones. Plazas Vega, por tanto, quedó en libertad.

El militar ha advertido que es inocente y que no se le respetó el debido proceso en su país. “Todo lo que se ha hecho en este proceso es un escenario teatral para buscar condenarme, en cumplimiento no sé de qué intereses oscuros”, dijo en una entrevista al diario colombiano Vanguardia en el 2012.

De acuerdo con la demanda de la Florida, vídeos y testigos presenciales muestran que algunos de los muertos y desaparecidos, incluidos Urán, fueron escoltados vivos por los militares hacia afuera del edificio. En 2007 se encontraron objetos personales del juez escondidos dentro de una brigada del ejército, durante un allanamiento ordenado por la justicia.

Plazas Vega, que por entonces era comandante de una brigada del ejército, lideró a los militares que tenían que volver a controlar al palacio de justicia.

La demanda alega que el exmilitar participó activamente en un sistema ilegal para identificar, interrogar, torturar, matar o desaparecer a rehenes que el ejército sospechaba tenían algún tipo de afiliación con el grupo guerrillero.

“La matanza del magistrado Urán es parte de un patrón más amplio de abusos y atrocidades que no fueron controlados durante mucho tiempo”, dijo el abogado Luke Liss, uno de los que representa a los familiares del juez.