Como no saben hacer otra cosa (léase chantajear), los representantes del sector privado en los foros del parlamento abierto para “debatir” la reforma energética amenazan con el petate del muerto y, lágrimas de cocodrilo de por medio, pronostican la caída en picada de la inversión en ese sector (sobre todo foránea). Pañuelo en mano anuncian que “las empresas globales se irán” de México, porque la iniciativa presidencial no deja margen para que ellas, altruistas de corazón, “ayuden”.
¡Qué drama!, pobrecitas empresas globales (extranjeras, desde luego), siempre dispuestas a echar la mano a naciones tercermundistas (que nunca saquean, sólo “ayudan”), pero “no nos dejan”, de tal suerte que se verán en la penosa necesidad de agarrar sus cachivaches y retornar a sus países de origen, dada la “incomprensión” del gobierno de López Obrador.
En 2013, con ese mismo petate –pañuelo incluido– amenazaron los corporativos mineros canadienses, porque “las cargas impositivas han obligado a nuestros inversionistas a trasladar sus capitales a otras naciones. Los inversionistas estamos fuertemente en retiro de aquí”, dijo a los diputados mexicanos la enloquecida presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson. El 70 por ciento de oro mexicano es extraído por estos corporativos. ¿En serio se “retiran”?
Algo similar sucede con el zar del cobre, Germán Larrea, que un día sí y el siguiente también amenaza con cancelar inversiones y llevárselas con él a la cabeza (dicho sea de paso, le haría un enorme favor al país si cumpliera). Grupo México, de su propiedad, extrae 85 por ciento del cobre mexicano. Entonces, ¿qué medio de transporte utilizaría, como los canadienses, para llevarse “su” riqueza?
Pero bueno, como no saben de otra en dicho foro participó el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG, todas trasnacionales), Alberto de la Fuente, para quien la propuesta de reforma “es un par de zapatos que le quedarían chicos a la economía mexicana”, y esa agrupación exige talla grande. La iniciativa, dijo, “propone que la Comisión Federal de Electricidad sea la única responsable de la transición energética, pero la CFE no tiene infraestructura ni recursos para atender la demanda de energías renovables”. Entonces, sacó los colmillos: “¿no es mejor dejarlo en manos de privados”?
Gracias, empresas globales. Su solidaridad es digna de reconocimiento, porque su espíritu fraterno se asemeja al trabajo que realizan las “fundaciones altruistas” armadas y operadas por los barones mexicanos para que cómodamente evadan impuestos, siempre dejando para mejor ocasión el supuesto apoyo a los necesitados.
En pocas palabras, aceptar la propuesta del presidente de CEEG sería como dejar el banco de sangre en manos de Drácula. Suficiente resulta constatar quiénes son las cabezas visibles de ese Consejo: Alberto de la Fuente, un itamita que preside la trasnacional Shell en México, misma que ya clavó sus colmillos en el mercado energético nacional. Este personaje trabajó en la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, según su propio currículo, y de ahí se fue a Shell. Un caso atípico, sin duda.
Aparece la hija de Pedro Aspe, el de los mitos geniales y otras cositas. Mónica Aspe Bernal, otra itamita, es vicepresidenta en el CEEG y directora general de otra trasnacional, AT&T, de negrísimo historial. Por una mera casualidad, la heredera fue subsecretaría de Comunicaciones y Transportes en tiempos de EPN y de allí se fue a Europa como representante permanente de México ante la OCDE.
En fin, para ahorrar espacio todo el cuerpo directivo de dicho consejo representa a trasnacionales como British Petroleum, Shell, General Motors, AT&T, Honeywell, Manpower Group, Nestlé, Visa y Pepsi. Y, entre tantas, aparece la siempre altruista Iberdrola (que le encantan las tallas grandes), para dar una idea de qué es y a quién sirve el CEEG.
Las rebanadas del pastel
Una vez más, Ricardo Anaya no acudió a la audiencia ante el juez de control, quien de por sí la ha pospuesto en varias ocasiones. Y los delitos que pesan sobre el pollito en fuga no son caramelos, aunque sí clásicos entre el grupo político al que pertenece: asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dadas las constantes “pausas” en este proceso, bien haría el magistrado en librar, de una buena vez, la orden de aprehensión.