A cinco años de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la que se reconocen por vez primera los derechos de los pueblos y barrios originarios, todavía quedan brechas en la ley para identificar a las personas pertenecientes a ambos grupos.

En un foro, autoridades del gobierno, electorales y jurisdiccionales llamaron al Congreso local a modificar las leyes de pueblos y de participación ciudadana para identificar y reconocer los derechos político-electorales de quienes habitan en esas zonas de la ciudad, pues hasta hoy existen conflictos con el gobierno, como el más reciente en el que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tuvo que modificar la convocatoria de presupuesto participativo porque las alcaldías tenían la facultad exclusiva de aprobar los proyectos de pueblos y barrios.

Además, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, reconoció que existe un limbo jurídico en la elección de autoridades tradicionales y tampoco se cuenta con un protocolo general de atención porque cada pueblo cuenta con sus propios procesos de selección.