Este lunes el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, deberá comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para ser imputado formalmente por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Es la quinta ocasión en que es citado a la diligencia, la cual se ha pospuesto por diversas razones, la última debido a que el juez de la causa, Marco Antonio Fuerte Tapia, diera positivo a covid-19.
Los delitos que se le imputan tienen relación con el caso Odebrecht y los sobornos que supuestamente habría pagado la empresa brasileña para que los diputados aprobaran la reforma energética, que abrió la puerta a la privatización de diversas actividades en este ramo industrial.
Concretamente, la acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Anaya se funda en las declaraciones de Norberto Gallardo Vargas, quien fuera jefe de escoltas del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en las que afirmó que en 2014 entregó al entonces coordinador de los diputados del PAN 6 millones 800 mil pesos en efectivo para comprar los votos de sus compañeros de bancada.
En la audiencia inicial, realizada en agosto pasado, Anaya compareció por videoconferencia; sin embargo, el juez solicitó que sus abogados garantizaran que su cliente se encontraba en territorio nacional.
El año pasado tres audiencias se aplazaron debido a que los abogados de Anaya alegaron que no les habían entregado copias completas de la carpeta de investigación judicializada por la FGR, sin lo cual no era posible que prepararan una defensa adecuada.
En noviembre pasado el juez ordenó que el ex candidato presidencial del blanquiazul se presentara personalmente en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, lo que debería cumplir en la audiencia de hoy o se le declarará prófugo de la justicia.
Desde julio de 2021 se supo que Anaya salió del país y se encontraba en Estados Unidos, donde reside su familia desde hace varios años.
A principios de este año la FGR anunció que solicitaría al juez que Anaya quede bajo prisión preventiva justificada.
