En el gobierno federal, nueve de cada 10 personas que denuncian acoso y hostigamiento sexual son mujeres, mientras la misma proporción de acusados son hombres.

Según el más reciente informe sobre este tipo de agresiones que se registran en dependencias federales, durante 2020 se interpusieron 255 denuncias y en 38 por ciento de los casos el agresor y acusado era un superior jerárquico de la víctima.

Aunque estas conductas están vedadas en el servicio público, según documentos como las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública o el Código de Ética publicado esta semana por el gobierno –que prohíbe de manera explícita el acoso laboral y sexual–, las sanciones se limitan a la reubicación de las personas denunciadas o denunciantes y la restricción del contacto entre agresor y víctima, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas no indica que se incurra en responsabilidades administrativas para quienes ejercen este tipo de violencia.

El informe emitido por la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señala que en 2016 se recibieron 50 denuncias por acoso u hostigamiento sexual, para 2017 fueron 145; en 2018, 211, y en 2019 se registraron 271.

En 48 por ciento de los 255 casos denunciados durante 2020 se concentraron en tres dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Del total de las denuncias en ese año, 87 por ciento de las víctimas fueron mujeres que responsabilizaron a hombres por actos de hostigamiento o de acoso sexual, y en 2 por ciento fueron mujeres que denunciaron a otras personas de su propio género. En 5 por ciento de los casos se trató de hombres que denunciaron a otros y sólo en 1 por ciento fueron hombres que denunciaron a mujeres.

“Esto resalta la necesidad de continuar trabajando en acciones de sensibilización y capacitación en materia de prevención y atención de la violencia de género dirigidas a evitar ambientes laborales masculinizados y a modificar estereotipos de género en las instituciones”, de acuerdo con el informe.

Asimismo, reconoce que “resulta imprescindible generar acciones para fortalecer la cultura de la denuncia en las dependencias a fin de disminuir la impunidad y como mecanismo de prevención para la incidencia de casos”.

En 108 casos la resolución consistió en recomendaciones de acciones de capacitación o sensibilización, en tanto que para otros 69 se pidieron medidas de protección a las personas denunciantes, como la reubicación o adscripción de los quejosos o con instrucciones para los agresores de restringir el contacto con las víctimas.

Las instituciones firmantes del informe consideran fundamental reformar la ley en la materia a fin de considerar al hostigamiento y al acoso sexual como conductas que configuren directamente una responsabilidad administrativa, lo que permitirá acortar la ruta para llegar a una sanción y así disminuir las posibilidades de impunidad, lo cual es muy común.