El edificio principal de la Cámara de Diputados, donde se encuentra el salón de sesiones, será sometido a restauración este año tras los daños que sufrió por los sismos de 2017 –que provocaron una grieta en la parte alta del inmueble, como consta en un informe del IPN que hoy conocerán los diputados–, así como por el desgaste de sus 40 años de uso.
Los trabajos forman parte de un intenso programa de obras no exento de problemas: destaca la denuncia penal que la cámara presentó contra Javier Ramírez Campuzano –hijo de Pedro Ramírez Vázquez y constructor del complejo de San Lázaro– por presunto fraude en la restauración de las fachadas.
El Palacio Legislativo fue construido en una zona que antes fue lago, por lo cual los efectos de los sismos se agravan y han obligado a tareas de restauración a lo largo de los años. Los más intensos y prolongados se realizan desde 2017.
Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados desde 2018, destacó que a la actual y la anterior legislatura les correspondió lo más costoso de las reparaciones, pero estimó que en cinco años no se verán grandes obras, porque las necesidades prioritarias habrán sido atendidas.
Entrevistada en su oficina, desde donde se observa a trabajadores levantar el piso de la explanada principal, para impermeabilizar y evitar las filtraciones de agua al basamento cada que llueve, recordó que los terremotos de 2017 causaron daños en los edificios A, B y H.
Se atendieron primero el B y H, por el grado de afectación, si bien no representaban un peligro inminente y siguieron siendo utilizados durante la intervención, refirió. Para renivelarlos, la empresa contratada colocó pilotes para asentarlos y quedaron por debajo de su nivel original.
Ello obligó a construir escaleras y rampas, así como colocar elevadores para sillas de ruedas en los pasillos que conectan con la explanada principal y el recinto.
Esta restauración, que se prolongó por tres años, es la que más presupuesto ha ocupado; casi 600 millones de pesos, añadió.
Por lo que hace al edificio A, dijo que, a solicitud de la Junta de Coordinación Política, ingenieros del Instituto Politécnico Nacional hicieron un estudio y, aunque la conclusión es que no está en malas condiciones, sí requiere obras para que continúe en operación.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira (PRI), anticipó que el principal hallazgo del Poli es una grieta a mitad del inmueble. Se está abriendo por la mitad, resaltó.
El IPN no ha reportado que sea necesario deshabitarlo para iniciar las obras, que serán “menores”, en comparación con los otros dos edificios, pues se trata de reforzar algunas columnas y darles mantenimiento, precisó Báez.
Un estudio que dejó la legislatura 63 muestra que el daño no representaba un riesgo y por ello su reparación se dejó hasta este momento, expuso la funcionaria.
Otra labor urgente en el Palacio Legislativo era el retiro de las fachadas, porque se estaban desprendiendo. Recordó que sus antecesores en la parte administrativa firmaron un contrato con Ramírez Campuzano para sustituir la cantera original y colocar neocantera, que se deterioró entre dos y tres años después de colocada y se remplazó por material para exteriores. La investigación judicial está corriendo su curso.
Como parte de la restauración y modernización de la cámara, se construyó un edificio de acceso por la calle de Emiliano Zapata, se remodelaron los 166 baños del Palacio Legislativo, porque tenían fugas de agua y sus puertas estaban por caerse.