León, Gto., Durante los seis años que el panista Héctor López Santillana encabezó el gobierno municipal de León (2015-2021) se pidieron “beneficios económicos o en especie” a empresas que vendían bienes o servicios a los 7 mil empleados municipales; incluso un convenio estipula que esos recursos debían ser entregados al director de desarrollo institucional, José Alberto Martínez Aguayo.

López Santillana, actualmente director general de Guanajuato Puerto Interior –aduana desde la cual importantes consorcios como Volkswagen, Pirelli y Purina importan y exportan gran cantidad de mercancías–, mintió al afirmar que su administración sólo pedía “contraprestaciones” en especie y no en efectivo, como lo muestran 25 contratos firmados por sus ex directores de desarrollo institucional Enrique Rodrigo Sosa Campos y José Alberto Martínez Aguayo.

Sosa Campos, titular de esa dependencia en la administración 2015-2018 y ahora funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, firmó como representante del gobierno de León 18 de los 25 convenios obtenidos por la corresponsalía de La Jornada en Guanajuato a través de la solicitud de información SSI-2022-0177.

Enrique Sosa signó, en representación del gobierno de León, convenios con Grupo Óptico Visión Factory, Ópticas Franklin, Óptica El Anteojo Vission, Caja Popular Libertad, Famsa; Ediciones, Tratados y Equipos; Funerales Cepeda, Caja Popular La Merced, MetLife México y con Precisión Óptica.

Al ser designado Sosa Campos tesorero en el trienio 2018-2021, el nuevo director de desarrollo institucional, Alberto Martínez, rubricó siete convenios de “colaboración de descuento vía nómina” de “prestación de servicios”, “promoción para la venta de seguros”, y “para servicios crediticios” con Servicios Pacto, Previsión Familiar del Bajío, Precisión Óptica, Ópticas Nueva Era, MetLife México, GNP, Famsa y Cooperativa Memory Servicios.

El 2 de mayo de 2016 y el 27 de septiembre de 2018, Sosa Campos firmó dos convenios con Famsa para “otorgar a los empleados municipales que así lo soliciten crédito para la adquisición de mercancías”, de acuerdo con información que proporcionó la directora de la unidad de transparencia del municipio de León, María del Carmen Gómez Méndez.

En el primer convenio se estipuló que el gobierno leonés, por conducto de desarrollo institucional, aplicaría descuentos vía nómina “respecto a la mercancía que se requiera”, y que las partes acordarían los descuentos, que no superarían 30 por ciento de los salarios mensuales de los burócratas.

En la cláusula decimoprimera, denominada “costo de administración”, se acotó que Famsa aceptó “cubrir al municipio los costos por el servicio de descuento de los pagos a los trabajadores adquirientes en su nómina, estableciéndose éstos en el equivalente a 3.5 por ciento del monto por cada descuento semanal o catorcenal”.

Se agregó en el documento que “dicho beneficio puede ser económico o en especie y su entrega será en las fechas que determine el municipio. Este beneficio será destinado como apoyo a los eventos institucionales que éste realice para sus trabajadores”.

En el convenio firmado el 27 de septiembre de 2018, el nuevo director de desarrollo institucional, Alberto Martínez, signó una adenda para ampliar el contrato hasta el 9 de octubre de 2021, el último día del gobierno de Héctor López Santillana.

Otros acuerdos señalan que el dinero será usado para dar “obsequios” a funcionarios públicos, y llama al costo de administración “reciprocidad”. En todos los escritos se plasma que las partes manifiestan que “no existió dolo, mala fe, ni violencia alguna” que pudieran invalidarlos “en todo o en parte”.

De acuerdo con los convenios, Previsión Familiar del Bajío, Óptica El Anteojo Vission y Óptico Visión Factory aportaban 10 por ciento de “reciprocidad”; Ópticas Franklin y Ópticas Nueva Era, 5 por ciento; Precisión Óptica, 4 por ciento; Funerales Cepeda, Etesa y MetLife, 3.5 por ciento; Caja Popular La Merced, 3 por ciento; Caja Popular Libertad y Memory Servicios, 2 por ciento, y Servicios Pacto Sofom pagaba uno por ciento.

El contrato de GNP firmado el 15 de enero de 2019 estipula que la empresa entregará una comisión en especie de 2.5 por ciento sin impuestos, derechos o ahorro “los primeros días del mes de diciembre a José Alberto Martínez Aguayo, titular de la dirección general de desarrollo institucional”.

López Santillana sabía que su gobierno pedía “beneficios” o “reciprocidades”, e incluso calificó de “perverso” que los medios de comunicación los llamen moches. El panista aseguró que “el que nada debe, nada teme”, porque los porcentajes que entregaban las empresas están respaldados en convenios.

“Fueron acuerdos de contraprestación; nosotros favorecíamos a los trabajadores para que compraran en las empresas y en reciprocidad se establecía, mediante convenio, y está todos los convenios, una contraprestación en especie, nunca en efectivo”, justificó.

El pago se descubrió porque fueron robados 97 mil pesos en efectivo de la dirección de desarrollo institucional.

Las “contraprestaciones”, como las llama López Santillana, son ilegales porque no están reguladas en ninguna norma; además, la ley prohíbe que los servidores públicos pidan “dádivas” y porque los recursos nunca ingresaron a la tesorería municipal leonesa y era manejados discrecionalmente.

“Yo no voy ser tapadera de nadie. Si hay algo ilegal se va a castigar”, advirtió la actual alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, quien como su predecesor emanó del Partido Acción Nacional (PAN).

Pero según Héctor López hay intereses partidistas y pidió “cero tolerancia” a la corrupción –bandera del actual gobierno municipal–, pero “basada en el estado de derecho y los derechos humanos. No puede ser personal, subjetiva, ni mediática. Vamos a darle tiempo al tiempo”.