León. El activista, Adolfo Enríquez Vanderkam, denunció que es un “perseguido político” porque la Fiscalía General del Estado (FGE) quiere que purgue seis meses de prisión por replicar la fotografía de una mujer policía – con uniforme y en horario laboral- dando sexo oral a un comandante y la imagen de una “narcomanta” donde apareció el nombre de la servidora pública.

En los últimos 10 años, Vanderkam ha denunciado – en sus redes sociales- actos de corrupción, ha criticado el trabajo de políticos, del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre; y del ex alcalde de León, Héctor López Santillana, ha difundido audios de servidores públicos, de policías, fotografías de ladrones y aborda temas de seguridad.

“Les molesta que los exhibo en mis redes, todos lo pueden ver, yo exhibo a ratas de civil, a ratas con uniforme y a ratas de cuello blanco, busco justicia y darle voz a los que no la tienen, eso les molesta, les incomoda”, comentó.

La policía Sandra denunció penalmente -en 2019- a Adolfo Enríquez por replicar una fotografía – que circuló en los grupos de whatsapp de los oficiales de la Secretaría Seguridad- donde está dando una felación a un comandante. Medios de comunicación de León han difundido casos similares, como el video de una pareja de tránsitos de León teniendo sexo a bordo de una patrulla.

Adolfo reconoció que cometió un error al replicar la imagen de la mujer policía teniendo sexo oral, a pesar de que la servidora pública portaba el uniforme y estaba en horario laboral.

La oficial puso la denuncia y fue respaldada por la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, porque cuando fue diputada impulsó la reforma al Código Penal para castigar la violencia digital, recordó.

“Tomó mi asunto como bandera, Libia cabildeó mi asunto en la Fiscalía y en el Poder judicial para que mi asunto llegará hasta las últimas consecuencias”, acusó.

En 15 días, la FGE judicializó la carpeta de investigación y el Poder Judicial decretó la vinculación a proceso penal por el delito de acecho, recordó Enríquez Vanderkam.

El artículo 179-d del Código Penal marca que se impondrá de tres meses a dos años de cárcel “a quien a través de cualquier medio acose o aceche a otra persona amenazando su libertad o seguridad”.

El activista recalcó que él no tomó la foto y que no fue él quien inició a circularla en los whatsapp de la policía. Cuestionó por qué no se investigó quién tomó la fotografía y quien comenzó a difundirla.

A mediados del año 2021, se realizó una audiencia intermedia donde se acordó suspender el proceso a cambio de pagar 10 mil 200 pesos y no hacer publicaciones sobre la policía, recordó.

“En ese lapso aparecieron cuatro narcomantas en la ciudad y las subí a mi grupo privado de Telegram, pero no me fije que entre los señalados de estar coludidos con el crimen organizado estaba el nombre de ella, por ello el juez determinó que no había cumplido el acuerdo y que iban a seguir el proceso en mi contra”, relató.

Cabe recordar que, el ocho de octubre del 2021, la policía fue atacada a balazos cuando salió de su casa rumbó a su trabajo.

“Ella es una servidora pública, está sometida al escrutinio público, no estoy hurgando en su vida privada, cuando subí la foto íntima de ella estaba en funciones, estaba en uniforme, eso no es acecho, es un mal compartimiento como servidor público”, sostuvo Adolfo Enríquez.

Este martes se realizará una audiencia, donde piden al activista que se declare culpable en “juicio abreviado”, pague 16 mil pesos y sea sentenciado a seis meses de cárcel, pero sin pena privativa de la libertad.

El fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, “usa la ley para amedrentar, para callar, usa la ley para proteger los intereses de los dueños del PAN en Guanajuato, yo he cuestionado mucho el trabajo del fiscal por el grado de impunidad que vivimos, que es más del 90 por ciento”, acusó.

El funcionario aplica “la ley un garrote para acallar a los adversarios”, pero ayuda a sus amigos, recriminó.

Recordó el caso del sobrino de Elías Villegas, el dueño del PAN, quien fue ayudado por la FGE para que no pisara la cárcel por el asesinato de un guardia de seguridad. También liberó al diputado electo, Jorge Romero, reclasificando el delito de violación por el de abuso sexual, recriminó.

“Me ven como un adversario, ese es el motivo de mi persecución, ahorita soy un perseguido político”, concluyó.