Concejales de Cuauhtémoc exhortaron a la alcaldesa, Sandra Cuevas, a solicitar licencia ante el Congreso de la Ciudad de México debido a la investigación de que es objeto por la Fiscalía General de Justicia capitalina por su presunta participación en los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo, y, en caso de resultar culpable, se le castigue.
Alva Ordaz señaló que la alcaldesa es “una servidora pública que siempre ha actuado al margen de la ley, viaja en camionetas Suburban con placas alteradas y detiene a ciudadanos inocentes por realizar eventos culturales”.
Camionetas con logotipos de la alcaldía son enviadas además a las oficinas del Partido de la Revolución Democrática “para trasladar bolsas, ¿con qué contenido?, ¿acaso despensas?”, preguntó.
Además, aseguró la concejala, la titular de la demarcación viola el artículo 134 constitucional al publicar en la revista oficial su imagen, “promoviéndose, cuando debe ser informativa para los vecinos”.
Saúl Doroteo, a su vez, destacó que los delitos que ahora se le imputan, como robo, abuso de autoridad y secuestro de dos mandos de la Policía Auxiliar son graves, por lo que debe separarse de su cargo, a fin de que se haga “una investigación clara y transparente”.
En 120 días de gobierno, denunció a su vez la concejala Irma de la Cruz, “tiene una larga lista de demandas por violación a la ley y a la Constitución de la Ciudad de México, las cuales han sido presentadas ante las instancias legales”.
Ante ello, “hacemos un llamado a la fiscalía y a todas las instancias legales correspondientes a que investiguen a fondo y, de resultar culpable, sea castigada. No a la impunidad, queremos justicia”, afirmó.
Integra carpeta la FGJ
En tanto, la Fiscalía General de Justicia continúa con la integración de la carpeta de investigación que por vez primera se inicia contra un alcalde, luego de que dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana denunciaron a la alcaldesa por secuestro.
De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México, “nadie goza de fuero”; así que “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo”.
En su fracción III expresa que la ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción penal, tratándose de delitos del fuero común, observándose lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese artículo se precisa que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, entre otros.