Mazatlán, Sin., Con la participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobierno del estado firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) para la elabora-ción de un nuevo registro y diagnóstico de víctimas de desplazamiento forzado interno.
El gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, reconoció que “no habrá presupuesto que alcance, pero en lo que la ley le permita se extenderá la asignación de recursos para atender este problema que tiene años de rezago”.
En el acto estuvieron presentes la rectora de la UAdeO, Sylvia Paz; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega y, en videoconferencia, el Oficial de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Josep Herreros.
El censo permitirá conocer el número de familias que están en esta situación, su procedencia y el lugar al que se fueron, para canalizar los apoyos de manera individual.
Servirá también para saber cuántas viviendas necesitan los afectados y proporcionar los servicios básicos como agua potable, drenaje y alcantarillado en casos de requerirse la construcción de más asentamientos.
El mandatario estatal instruyó a la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez, quien también estuvo en la reunión, a garantizar el acceso a la educación a los niños y jóvenes que han tenido que reubicarse en otras comunidades o ciudades.
Herreros refirió que dicho convenio dará respuesta a las personas que han sufrido desplazamiento forzado en la entidad, además de ayudar a las redes de investigación a la comprensión de este problema.
En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 39/2017 dirigida al ex gobernador priísta Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) para atender a 2 mil 38 personas que se vieron obligadas a dejar su hogar por la violencia que prevalecía en las regiones que habitaban y en 2019 se inició el primer padrón.
En 2019, el Congreso de Sinaloa etiquetó 50 millones de pesos para terminar 110 casas destinadas a desplazados; las cuales fueron entregadas en agosto de 2021 por Ordaz Coppel: 60 en el municipio de Choix y 50 en Mazatlán.
En julio de 2020, los diputados locales aprobaron la ley para prevenir y atender el desplazamiento interno, además de que se creó un registro y un programa estatal y un fondo especial para este rubro que tendría que ser renovado cada 3 años.
En diciembre pasado, el gobernador Rocha Moya manifestó que en Sinaloa había más de 4 mil familias en dicha condición.
