En el documento Una visión estratégica de España para América Latina y el Caribe: un impulso político para un tiempo de cambios, realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España bajo el mandato de Josep Borrell, a finales de 2019, las élites a cargo de la política exterior española caracterizaban el momento político en América Latina y el Caribe (ALC) como un escenario de “retorno generalizado de populismos, nacionalismos y soberanismos”.

La preocupación por los “revisionismos que cuestionan el papel de España en la región”, según los autores del texto, sugería que las autoridades españolas debían intervenir usando a “aliados de las políticas del gobierno español en ALC” mediante redes “de amigos de España: líderes de opinión, profesionales, élites culturales y científicas” que ayudaran a recuperar la buena imagen del país. Estos días, sin duda, estas redes se han activado a ambos lados del Atlántico. El más reciente desencuentro entre Andrés Manuel López Obrador y las élites económicas y políticas españolas ha desatado furibundos ataques de la prensa contra el Presidente de México en ambos países y una crisis diplomática.

España es el primer inversor y socio comercial de la Unión Europea en ALC. Uno de cada tres euros que invierten las empresas españolas se dirige a esta “región preferente”, donde las élites del país ibérico han encontrado un terreno propicio para la expansión de sus negocios gracias a la connivencia del poder político local, que les abrió las puertas privilegiadas de su economía.

En el caso de México, los gobiernos neoliberales de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional pusieron sectores estratégicos en manos de inversores españoles a precio de saldo. La proverbial combinación de corrupción y malinchismo tuvo resultados harto conocidos: el pueblo de México, cada vez más empobrecido, superexplotado y con salarios de miseria, fue ninguneado y desposeído de sus propios recursos. La nación, atada a los intereses de Estados Unidos por vía del antiguo TLCAN, quedó sin soberanía energética y sometida en asuntos clave como la seguridad.

En este escenario, como lleva denunciando López Obrador desde hace años, algunas de las grandes firmas españolas –OHL, Iberdrola, Repsol, Santander o BBVA, entre otras– lograron penetrar en el mercado mexicano usando el compadreo político. Presidentes, jefes de Estado y una diplomacia enfocada a la defensa activa de los intereses empresariales españoles en México fueron exitosos en posicionar a esas compañías en ámbitos estratégicos de la economía mexicana.

Se trata de algo totalmente legítimo, dirán los defensores del libre mercado. Sin embargo, cuando se hacen negocios usando vínculos políticos y tratos de favor, con prácticas lesivas para la economía mexicana y retomando las típicas dinámicas de dependencia centro-periferia, se corre el riesgo de generar el rechazo de quienes consideran que los tiempos pasados no fueron tan idílicos como relató cierta historiografía propagandística.

En México y España existen lecturas contrapuestas sobre temas como la Conquista o el papel de las firmas españolas. Ellas están muy lejos de las “narrativas compartidas” que anhelan las autoridades españolas. Para éstas, “la imagen y el prestigio de España está estrechamente vinculado al de sus empresas”, cuya presencia en ALC es prioritario “preservar y reforzar”. Como si de una reconquista se tratara, ahora por la vía empresarial, el gobierno de España equipara el “interés nacional” que guía su política exterior –sin cambios sustanciales gobierne quien gobierne– a la defensa de los negocios de sus grandes corporativos. El riesgo de asociar la “marca España” a las cuestionables acciones de empresas denunciadas por abusos, corrupción o expolio es evidente. Interpretar las acciones soberanas de otros gobiernos como ataques a España es erróneo. No hay nada en las palabras de López Obrador que amenace los intereses del pueblo español, que no obtiene ningún beneficio de las ganancias de esas empresas.

Los tiempos han cambiado. Los gobiernos progresistas de ALC que, en las décadas recientes, pusieron la recuperación de la soberanía estatal en el centro de sus políticas, provocaron una pérdida innegable de la influencia de España. Además, muchos países han realizado ejercicios de memoria de sus pasados coloniales y piden reparación para las víctimas aunque sea con gestos simbólicos. Pero España, cerril, se niega a cualquier mínimo atisbo de autocrítica, enrocándose con discursos que reproducen ridículas visiones imperiales, en la glorificación de un pasado hecho de presuntas gestas “civilizatorias”.

Hasta que las élites españolas no cesen su voracidad extractiva y se desprendan del paternalismo, hasta que no entiendan que los pueblos del continente latinoamericano tienen el derecho a disponer de sus recursos de manera soberana, no terminará la insoportable actitud neocolonial que permea todos los discursos mediáticos y políticos sobre ALC en España. La diplomacia española haría bien en dejar su papel de lobista empresarial, apostar por una política no subordinada a los intereses económicos de una minoría y, de paso, aprender de la histórica política exterior mexicana de no injerencia.

* Arantxa Tirado Sánchez es politóloga, doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.