Entre el 17 de octubre de 1995 y el 16 de febrero de 1996 se desarrollaron en el poblado de San Andrés Larráinzar, Chiapas, en la tradición del diálogo público, reivindicada históricamente por la sociedad mexicana, una serie de mesas de trabajo en las que se abordaron problemáticas relacionadas con los derechos y las culturas indígenas. En un espacio político, legitimado por el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que fue acompañado desde el Poder Legislativo por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y desde la sociedad civil por la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), se generaron acuerdos históricos, que a la fecha persisten sin ser cumplidos, a pesar de la llegada de la alternancia a nuestro país, por más que estos acuerdos parezcan cosa del pasado, cuando no lo son.
En su toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador los asumió como un compromiso: respetar los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. Hasta hoy esto no ha ocurrido, pero las comunidades y los pueblos indígenas no nacieron ayer, y tras una larga historia de despojo y discriminación, han aprendido que la perseverancia trasciende las coyunturas políticas. Su lucha por la libre determinación es ancestral y ha madurado a la par de la sociedad.
La retirada del EZLN de las mesas, ante el incumplimiento estatal de legislar los derechos indígenas en septiembre de 1996, fue la confirmación de la falta de voluntad del Estado mexicano. Esto no significó que los diálogos en torno a la democracia, la justicia, el bienestar, el desarrollo y los derechos de las mujeres en Chiapas, que eran los temas por abordar en el diálogo por la paz, no hayan continuado. Los pueblos y comunidades han asumido la creación de una vía para generar mejores condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y lograr que se den pasos reales para combatir todas las formas de discriminación estructural e histórica que han padecido.
Ya en otro artículo escribí sobre la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 entidades de la República, que en articulación con organizaciones civiles impulsan diversas iniciativas en favor de la libre determinación de los pueblos (https://bit.ly/3uDeyvi). Este tipo de plataformas, para que pueblos y sociedad civil se escuchen e imaginen nuevos caminos, son muy importantes para reafirmar la dimensión histórica que este debate tiene.
Los pueblos y las comunidades han mantenido desde su vida cotidiana la misión histórica de enfrentar sus propios retos. Pero además han tenido la generosidad de pensarse en el concierto civil que es la nación. Han demostrado una visión de Estado, que el Estado mexicano mismo no ha tenido. Es entonces fundamental que éste manifieste su voluntad de transformación, cumpliendo y honrando por fin sus compromisos con los pueblos y comunidades indígenas; impulsando la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos (https://bit.ly/36689Pn), que aún está pendiente. Esto significa, concretamente, que el Presidente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Congreso de la Unión presenten a la brevedad dicha reforma, y que se establezca como un tema prioritario de la agenda legislativa durante este periodo ordinario de sesiones.
La discusión que en su momento lleve el Congreso de la Unión debe contar con la participación amplia de los pueblos, comunidades y organizaciones, e incorporar al conjunto de las peticiones que se hayan recibido en cualquiera de sus tres manifestaciones: comunidades, municipios y regiones, como sujetos de derecho público. Ser sujetos de derecho público permite a los pueblos y comunidades que sus facultades, derechos, alcances y obligaciones sean explícitas como pueblos organizados, con capacidad para darle toda la fuerza jurídica a sus decisiones comunitarias, rompiendo así con el tutelaje colonial del Estado.
Recordemos además que Aldea considera también esta reforma como clave para enfrentar la violencia presente en el país; fortalecer el autogobierno indígena, el control y la defensa de sus territorios y bienes comunes, y para la aplicación de sus sistemas propios de seguridad y justicia.
Está por delante su aprobación en el Congreso, y luego la implementación efectiva de estos derechos por el Estado mexicano. Más allá de la reforma constitucional, los pueblos y comunidades seguirán reafirmando y defendiendo su libre determinación, autonomía y modos propios de vida, ya que frente a todas las formas de despojo, resisten y continúan preservándose. La gran duda es si el Estado mexicano responderá a este reto histórico con la misma responsabilidad con que los pueblos y comunidades lo están haciendo.
