A dos años de cambiar su denominación de Procuraduría a Fiscalía, la transformación del organismo para garantizar el acceso a la justicia, la transparencia y la honestidad del servicio público “afecta intereses y genera resistencias, pero es indispensable para garantizar los derechos y libertades de todas las personas”, señaló su titular, Ernestina Godoy Ramos, ante diputados del Congreso capitalino.

En reunión de trabajo, expuso el plan de política criminal y el programa de persecución penal 2022, en los que reconoce que la recepción de denuncias en las coordinaciones territoriales aún genera violencia institucional, abre espacios para la corrupción y la no canalización adecuada de los casos para su atención oportuna.

Resaltó la reducción en la incidencia de delitos de alto impacto y el incremento en las vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias, lo que ha propiciado un incremento de 16.2 por ciento en la percepción de seguridad durante el último año.

Godoy convocó al Legislativo a empezar la revisión del tipo penal de violencia familiar para tener una tipificación legal clara y adecuada, pues si bien se cuenta con una red institucional para su prevención y atención, se incrementa de forma especial en el contexto de los hogares e incluye a menores y adultos mayores: “El objetivo es claro, las mujeres deben contar con un mecanismo eficaz e inmediato para su protección contra la violencia”.

Afirmó que los acuerdos firmados con las víctimas del accidente en la línea 12 del Metro, al permitir recuperar cerca de 4 mil millones de pesos en su favor, es el mejor ejemplo del uso de mecanismos alternativos para solucionar conflictos.

Sobre el caso de presunto maltrato a menores en el albergue San Bernabé del DIF, dijo que se inició de inmediato la carpeta por noticia criminal y garantizó una investigación sólida, pero reprochó al PAN por sacar de contexto sus declaraciones durante su participación en un foro el pasado jueves para atacar a la Fiscalía.