Morelia, Mich., En medio de la algarabía y la banda de música, el pueblo de Nahuatzen recibió a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez Meza y Gerardo Talavera Pineda, quienes lucharon por su liberación desde que fueron detenidos hace tres años, dos meses y nueve días y encarcelados en la prisión regional de Uruapan.
Los tres integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), finalmente, retornaron a sus hogares en la cabecera del municipio el 9 de febrero a las 15:30 horas, dijo Efraín Avilés, vocero de la organización.
Arreola, Jiménez y Talavera fueron detenidos durante un zafarrancho con trabajadores del ayuntamiento, quienes, apoyados por policías estatales, intentaron tomar las oficinas en las que venía laborando el gobierno comunal.
Arreola, uno de los principales líderes del CCI, agradeció lo que hizo la gente por lograr su liberación, tras haber sido condenados a siete años de prisión por el delito de sabotaje, luego de que fueron rechazadas las acusaciones de robo de material de la casa municipal, dos vehículos Tsuru y un camión recolector de basura.
Al no haberse acreditado la concurrencia de las circunstancias necesarias para estimar la existencia de uno de los elementos del hecho que la ley señala como delito de sabotaje, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su libertad inmediata. Igualmente les fue restituido su derecho a continuar como autoridades comunales.
“Sabíamos que ese delito nunca se había aplicado, por eso siempre hemos dicho que se trató de una venganza política”, subrayó Avilés.
El conflicto inició porque los partidos no querían perder el poder ante el autogobierno indígena, a pesar de que las autoridades electas bajo el sistema de usos y costumbres fueron reconocidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en 2017.
Sin embargo, los ayuntamientos perredistas que encabezaron Miguel Prado, Davis Otlica y May-ra Morales no sólo se negaron a entregar la parte proporcional de presupuesto directo al gobierno comunal, sino que hicieron lo posible por desmantelarlo, bajo la complicidad del gobierno estatal que encabezó el perredista Silvano Aureoles.
